La Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, ha reclamado al Ministerio de Hacienda una aclaración sobre la próxima campaña del IRPF al advertir de un posible trato desigual hacia los pensionistas con rentas bajas. La organización sostiene que quienes cobran pensiones próximas al salario mínimo podrían quedar fuera de la deducción diseñada para evitar tributación a trabajadores con ingresos reducidos, pese a que las pensiones contributivas también tributan como rendimientos del trabajo.
El origen de la controversia está en la medida aprobada por el Gobierno en febrero, que mantiene una rebaja fiscal vinculada a salarios bajos y, según Hacienda, permitirá que en 2026 un asalariado con 17.000 euros anuales pague cero euros de IRPF frente a los 356 euros que abonaba en 2025. La deducción irá decreciendo a medida que aumente el salario y alcanzará a rentas de hasta 20.000 euros, según el departamento que dirige María Jesús Montero.
CEOMA, entidad, que representa a cerca de 800.000 mayores a través de sus organizaciones confederadas, sostiene que miles de pensionistas con ingresos equivalentes o incluso inferiores al SMI podrían seguir soportando retenciones o cuota efectiva en el impuesto. El núcleo de su queja no es la rebaja a asalariados, sino la ausencia de una extensión explícita a pensiones bajas y a otros rendimientos del trabajo asimilados.
El punto de fricción entre salarios y pensiones
El argumento de la organización se apoya en una base técnica conocida, donde la normativa del IRPF encuadra las pensiones públicas contributivas dentro de los rendimientos del trabajo. De ahí que CEOMA defienda que, si la política fiscal pretende proteger a las rentas más bajas, el criterio decisivo debería ser la capacidad económica real y no la procedencia del ingreso.
José Luis Fernández Santillana, presidente de CEOMA, ha insistido en esa idea en las últimas semanas. En una nota difundida por la propia confederación, el dirigente reclamó al Ejecutivo que revise la medida para incluir “a todos con independencia de si se es asalariado, pensionista o autónomo”. La entidad sostiene que una diferencia de trato entre perceptores del SMI y jubilados con rentas similares resultaría “totalmente discriminatoria”.
Sin embargo, por ahora Hacienda no ha difundido una modificación específica que incorpore a los pensionistas dentro de ese esquema extraordinario. La información oficial publicada por el ministerio detalla el alcance de la deducción para asalariados de rentas bajas, pero no concreta una ampliación equivalente para perceptores de pensiones contributivas. Ese silencio regulatorio es precisamente el que CEOMA quiere despejar antes de la próxima declaración.
CEOMA señala que el encarecimiento del coste de la vida ha reducido el bolsillo de muchos jubilados y que una diferencia fiscal de este tipo agravaría esa situación. La organización pide revisar el tratamiento de las pensiones bajas en el IRPF para garantizar la equidad del sistema tributario.
