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Los jóvenes españoles tardan casi 40 años en igualar la renta disponible de los jubilados, según un estudio

El análisis reconstruye por edad y sexo cuánto ingresa, consume, ahorra, paga en impuestos y recibe del Estado cada persona en España. Los datos muestran una autonomía económica tardía, una fuerte dependencia familiar en la juventud y un peso creciente de la economía sénior.

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Una joven trabaja en una cocina |EFE
Francisco Miralles
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La economía española deja una brecha generacional más persistente de lo que suele reflejar la estadística por hogares. Un joven necesita llegar casi a los 40 años para aproximarse a la renta disponible de un jubilado, según el informe Cuentas etarias de los miembros de los hogares realizado por Fedea y con el apoyo de Fundación Mapfre. El trabajo, muestra la posición económica de cada individuo a lo largo del ciclo vital a partir de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida, la Encuesta de Presupuestos Familiares y la Contabilidad Nacional.

El estudio desplaza el foco desde el hogar hacia la persona, lo que permite observar con mayor precisión quién genera renta, quién sostiene el gasto y cómo circulan las transferencias entre generaciones dentro y fuera del sector público. “Esto nos ofrece una radiografía mucho más completa y detallada de cómo se generan, redistribuyen y utilizan los recursos en España”, señaló De la Fuente durante la presentación del informe.

Los datos sitúan al grupo de 0 a 29 años en una posición dependiente, pues su renta bruta del trabajo y de los activos apenas alcanza 63.597 millones de euros, frente a los 580.910 millones del tramo de 30 a 54 años y los 314.493 millones del grupo de 55 o más. En términos medios, los menores de 30 gestionan 23.678 euros anuales por persona, muy por debajo de los 36.816 euros de los mayores de 55.

La diferencia se explica, sobre todo, por la debilidad de los ingresos laborales iniciales y por una inserción más tardía en el empleo estable. Las transferencias privadas netas hacia los jóvenes ascienden a 130.148 millones de euros, una cifra que refleja hasta qué punto la familia sigue actuando como colchón económico. Según Fedea y Fundación Mapfre, estas transferencias internas dentro de los hogares suman alrededor de 130.000 millones al año, consolidando a la red familiar como complemento silencioso del Estado del bienestar.

Impuestos en la madurez, ahorro en la vejez

El tramo central de la vida laboral aparece como el verdadero motor del sistema. La población de 30 a 54 años concentra la mayor parte de las rentas del trabajo y soporta 223.833 millones en impuestos y cotizaciones sociales, más de la mitad del total. Sin embargo, esa fase de mayor capacidad productiva coincide también con cargas fiscales altas, gastos familiares intensos y menor margen para acumular patrimonio que el observado en edades posteriores.

A partir de los 55 años cambia la estructura de recursos. Los mayores concentran el 68% del ahorro de los hogares y el 43% del total de recursos económicos, con un volumen agregado de 592.719 millones de euros. Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, defendió en la presentación que este colectivo “no son únicamente perceptores de prestaciones”, sino también un elemento de estabilidad financiera y patrimonial para el país.

Un mapa generacional con efectos de largo plazo

La imagen de conjunto no apunta tanto a un privilegio homogéneo de la vejez como a una autosuficiencia que llega demasiado tarde para una parte creciente de los jóvenes. El estudio sugiere que la combinación de salarios de entrada reducidos, presión fiscal en la madurez y dependencia prolongada de las transferencias familiares está reordenando el ciclo económico de la vida en España.

La relevancia de esa fotografía va más allá del debate entre generaciones. El envejecimiento demográfico podría ampliar estas tensiones en los próximos años, sobre todo si la entrada en la autonomía material sigue retrasándose y el peso del ahorro continúa desplazándose hacia las edades más avanzadas. El informe deja así abierta una cuestión de fondo: cómo sostener el bienestar colectivo sin posponer cada vez más el momento en que empieza la independencia económica real.