La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha lanzado una advertencia al Gobierno sobre las posibles consecuencias de endurecer el registro horario, en este caso para el sector de la construcción. Según la patronal, la medida propuesta podría reducir hasta un 27% los salarios de los trabajadores, lo que equivaldría a una pérdida anual de aproximadamente 7.000 euros por empleado.
En un comunicado reciente recogido por Europa Press este jueves, la CNC afirmó que esta reducción salarial afectaría negativamente a la competitividad del sector, dificultando la incorporación de nuevos trabajadores. Actualmente, se estima que faltan unos 700.000 profesionales en la construcción. La patronal subraya que la falta de mano de obra cualificada ya es un problema grave, y que medidas como la propuesta solo empeorarían la situación.
La CNC, la patronal de la construcción, alerta de que un control horario más estricto podría recortar sueldos y dificultar la llegada de nuevos trabajadores al sector
De hecho, la falta de mano de obra cualificada ya es uno de los principales retos de la industria, lo que haría que esta normativa pueda agravar todavía más la situación. "Un registro horario más estricto podría poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas y frenar la contratación”, señalaron en declaraciones recogidas por Europa Press
Además, la CNC advierte que la medida podría obstaculizar la ejecución de obras comprometidas, muchas de ellas financiadas con fondos europeos. De hecho, la Confederación Nacional de la Construcción ha señalado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y otros proyectos clave asignados en el Plan de Recuperación podrían verse afectados negativamente si se implementa el endurecimiento del registro horario, derivando en retrasos y en sobrecostes. La razón de esto es que muchas obras dependen de un margen de flexibilidad en la organización del trabajo.
Proponen flexibilizar las horas extraordinarias
Es por esto que el lugar de endurecer el registro horario, la CNC propone flexibilizar el régimen de horas extraordinarias. La patronal sugiere permitir hasta 1,5 horas extras al día en situaciones de picos de producción, plazos de ejecución ajustados y necesidades de infraestructuras y viviendas. La CNC sostiene que esta medida contribuiría a mejorar la competitividad del sector y a cubrir la demanda de mano de obra.
La CNC también estima que, si se ampliara el límite de horas extraordinarias, el Estado podría ingresar más de 5.015 millones de euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones por IRPF. Estos ingresos podrían contribuir a financiar una parte del coste total de las pensiones en España.
En el fondo, lo que está en juego es también el futuro del sector. La construcción, uno de los pilares de la economía española, lleva años arrastrando problemas como la falta de relevo generacional y la fuga de trabajadores hacia otros sectores más atractivos. Desde la CNC avisan de que endurecer ahora el control horario “sería como poner más obstáculos” cuando lo que realmente se necesita es atraer talento joven y ofrecer mejores condiciones para garantizar el crecimiento de la actividad en los próximos años.
Desde la CNC señalan que endurecer el registro horario podría frenar el Plan de Vivienda
Por último, desde la patronal señalan que el verdadero esfuerzo debería ir encaminado a vigilar cómo se realizan las horas extra, garantizando tanto su pago como que queden reflejadas en nómina y cotización. A su juicio, lo lógico sería dejar la organización de estas horas en manos de la negociación entre empresarios y sindicatos, “como ocurre en toda Europa".
La CNC también advierte de que el nuevo Real Decreto sobre registro horario, todavía en fase de consulta pública, supondría un aumento considerable de los costes laborales en el sector. Actualmente, estos gastos rondan los 3.300 euros por trabajador, “máximo de la serie histórica”, lo que podría poner en aprietos a muchas empresas de la construcción.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, defiende que un mayor control horario es necesario para garantizar los derechos de los empleados y evitar abusos. Desde el Gobierno insisten en que se trata de una medida pensada para dar más seguridad a los trabajadores, aunque la negociación con la patronal sigue abierta y todavía no hay una solución definitiva sobre la mesa.
