La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, no ha admitido el decreto ley impulsado por Sumar en materia de vivienda y también ha aprovechado para advertir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que las medidas anticrisis pensadas para amortiguar los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo son “insuficiente”. A pesar de esto, la formación independentista dio su brazo a torcer respecto a este decreto dando a entender que podrían apoyarlo si se cumplen sus exigencias.
Durante la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja, Nogueras cuestionó la orientación de la política económica del Ejecutivo y sostuvo que varias de las medidas fiscales anunciadas llevaban “mucho tiempo” sobre la mesa sin que el Gobierno hubiera actuado. En este sentido, insistió en que la rebaja de impuestos era una demanda de su grupo desde hace meses.
La dirigente de Junts fue especialmente crítica con el decreto de vivienda propuesto por Sumar, que incluye iniciativas como la prohibición de desahucios o la prórroga de contratos de alquiler. A su juicio, el texto está “mal hecho” y carece de rigor, hasta el punto de que podría acabar beneficiando a actores que no deberían verse favorecidos, como los grandes tenedores, al tiempo que perjudica a pequeños propietarios que desean recuperar sus inmuebles.
Barcelona es la muestra del “fracaso” en política de vivienda
Nogueras enmarcó su crítica en un cuestionamiento más amplio de la política de vivienda del Ejecutivo, que calificó de “absoluto fracaso”. Como ejemplo, señaló el caso de Barcelona, donde, según sus datos, la aplicación de la ley habría provocado una caída del 90% en la oferta de alquiler y un aumento de los precios del 63%. “Han destrozado el mercado de alquiler”, afirmó.
El posicionamiento de Junts refleja las tensiones persistentes en el bloque parlamentario que sostiene al Gobierno, especialmente en un ámbito tan sensible como el acceso a la vivienda. Aunque el partido de Carles Puigdemont mantiene una disposición pragmática para negociar medidas económicas, como el decreto de ayudas fiscales, sus críticas evidencian las dificultades del Ejecutivo para articular consensos en torno a una de las principales prioridades sociales de la legislatura.
