Hacienda tiene la facultad de imponer multas y sanciones a los contribuyentes que no cumplen con las normas de la legislación fiscal actual. Es fundamental asegurar que cada transacción económica esté correctamente registrada y respaldada, puesto que, el incumplimiento de este deber, puede dar lugar a infracciones tributarias.
En el caso de que se identifique alguna irregularidad, se emitirá una sanción económica correspondiente a dicha infracción, que puede llegar hasta los 120.000 euros en algunos casos.
La Agencia Tributaria puede imponer sanciones a los contribuyentes por diversas razones, siendo estas las más habituales:
- No presentar en tiempo y forma las declaraciones o documentos requeridos por la administración tributaria.
- No realizar el pago de impuestos dentro del plazo establecido.
- Solicitar una devolución de manera indebida o que no nos corresponde.
Los tipos de sanciones y multas que interpone Hacienda
Las multas más comunes impuestas por Hacienda pueden variar según la clasificación que la administración fiscal otorgue a las sanciones, abarcando desde faltas leves, graves hasta las consideradas como muy graves.
- Multas leves: suelen ser sanciones desde 100 hasta 3.000 euros, representando el 50% del importe defraudado.
- Multas graves: sanciones superiores a 3.000 euros, representando el 100% de la cantidad no declarada.
- Multas muy graves: suponen el 150% del dinero que no se ha declarado. Las infracciones consideradas como muy graves son aquellas que exhiben una clara intención de ocultamiento.
Si la cantidad defraudada supera los 120.000 euros, podría incurrir en un presunto delito fiscal, conforme a lo dispuesto en el Código Penal. Si se diera esta situación, dicho delito podría resultar en penas de privación de libertad que oscilan entre uno y cinco años, además de la obligación de pagar una suma que puede llegar a ser hasta seis veces el valor del dinero defraudado.
Recargos y reducciones de la Agencia Tributaria
Si no se cumple el pago de las multas y sanciones impuestas por Hacienda, es probable que la administración pública aplique recargos e intereses debido al retraso en los pagos de las cantidades no declaradas. Este incremento en los gastos supone un impacto económico adicional.
En algunos casos, además de los recargos, se aplican reducciones en las deudas con Hacienda. Si se aborda la deuda voluntariamente y dentro de plazos establecidos, es posible obtener una reducción en la cuantía final a pagar. Las reducciones principales son del 30% por conformidad y del 25% por pago oportuno sin recurrir la sanción.
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