España sigue aumentando la presión fiscal y ya se encuentra entre los países que más castigan el empleo. Según el último análisis del Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME) de la Fundación Civismo, un sueldo medio en España (que se sitúa en unos 2.416 euros brutos al mes) conlleva para la empresa un coste laboral total de 3.256 euros mensuales. Es decir, que la diferencia, 840 euros al mes, corresponde a los denominados “otros costes”, una partida compuesta en un 80% por las cotizaciones sociales obligatorias. Este escenario consolida una cuña fiscal del 40,6% en 2024, un registro que sitúa a España 5,7 puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE (34,9%).
El informe muestra la evolución de las cargas laborales entre 2000 y 2025, donde el factor trabajo se ha convertido en la principal fuente de financiación del Estado, en un contexto donde el esfuerzo fiscal que soportan las empresas y los hogares no se corresponde con el nivel de renta del país. Es decir, que España recauda “como un país rico con la renta de un país medio”, exigiendo a sus contribuyentes un esfuerzo fiscal que se estima entre un 13% y un 14% superior al de la media europea pese a tener una menor capacidad de pago.
Aunque la presión fiscal en España (37,3% del PIB) se acerca a la media europea, la renta per cápita española se mantiene en el 87% del promedio de la Unión Europea. Para entenderlo, esto quiere decir que España pide hacer un esfuerzo mayor al de otras economías más desarrolladas.
Aumento de las cotizaciones
El aumento de los costes laborales no se debe tanto a una subida de los tipos nominales, que se han mantenido relativamente estables, sino al ensanchamiento de las bases de cotización y la creación de nuevos recargos. El estudio muestra y explica que, entre 2015 y 2025, la base mínima de cotización se ha disparado un 75%, impulsada por las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que la base máxima ha crecido un 34% en el mismo periodo.
A esta dinámica se suma la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo que en 2025 supone un 0,8% adicional y que tiene previsto escalar hasta el 1,2% en 2029, tal y como viene regulado en el Real Decreto 2/2023. Aunque su impacto unitario pueda parecer reducido, su aplicación sobre todas las bases de cotización sin excepciones supone una sobrecarga estructural que, en el caso de un salario medio, añade entre 100 y 150 euros anuales al coste laboral. Recordemos que la mayor parte la paga la empresa y el resto el empleado.
| Concepto | Tipo total (%) | A cargo de la empresa (%) | A cargo del trabajador (%) |
|---|---|---|---|
| Contingencias comunes | 28,3 | 23,6 | 4,7 |
| Desempleo (contrato indefinido) | 7,05 | 5,5 | 1,55 |
| Formación profesional | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
| FOGASA | 0,2 | 0,2 | – |
| Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) | 0,8 | 0,67 | 0,13 |
| Total cotización sobre salario bruto | 37,05 | 30,57 | 6,48 |
El peso de las cotizaciones empresariales sobre contingencias comunes (supone un 23,6% del salario bruto, según la Orden PJC/178/2025) coloca a España entre los países con mayor carga directa sobre el empleador de la OCDE. A diferencia de modelos como el danés, que financian su protección social mayoritariamente vía impuestos generales, el modelo español penaliza la creación de empleo formal al cargar el grueso de la financiación sobre la nómina.
Los trabajadores apenas han visto crecer su salario
El análisis de Civismo avisa de que este incremento en los costes laborales no ha ido acompañado de una mejorar real a nivel de rendimiento, pues entre 2015 y 2024, la productividad por hora trabajada en España creció a un ritmo medio anual del 1,7%, mientras que los costes laborales unitarios subieron un 2,5%. Esto hace que, en realidad exista una perdida de competitividad superior a ocho puntos frente a la media de la zona euro. Es decir, suben los costes, pero no somos más productivos.
| Año | Base mínima (€/mes) | Base máxima (€/mes) | Tipo contingencias comunes (%) | Notas normativas destacadas |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 756,00 | 3.606,00 | 28,3 | Estabilidad postcrisis; contención salarial. |
| 2017 | 825,60 | 3.751,20 | 28,3 | Incremento moderado vinculado al SMI (+8%). |
| 2019 | 1.050,00 | 4.070,10 | 28,3 | Subida del SMI (+22%) con impacto directo en la base mínima. |
| 2021 | 1.125,90 | 4.070,10 | 28,3 | Reforma de pensiones y mantenimiento de bases máximas topadas. |
| 2023 | 1.260,00 | 4.495,50 | 28,30 + 0,6 MEI | Entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (RDL 2/2023). |
| 2025 | 1.381,20 | 4.909,50 | 28,30 + 0,8 MEI | Incremento de bases (+5%) y aumento del recargo del MEI. |
Esta situación genera un problema donde, quienes más lo sufren son las pymes. Las empresas afrontan costes laborales crecientes y una factura energética que para los consumidores industriales ha repuntado un 45% entre 2021 y 2024, reduciendo los márgenes necesarios para la inversión. Por su parte, los trabajadores han visto cómo su salario real apenas ha crecido un 6% acumulado en la última década al descontar la inflación, lo que mantiene el poder adquisitivo por debajo de los niveles previos a la crisis inflacionaria de 2021-2022.
El documento de 31 páginas termina avisando del riesgo de este esquema de altos costes laborales y baja productividad desincentive la contratación indefinida y fomente la economía sumergida. En este punto, los expertos recomiendan que España necesita revisar la composición de sus ingresos públicos para no dejar la sostenibilidad del Estado del bienestar exclusivamente a la imposición sobre el trabajo.
