El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama a las instituciones europeas que den un mayor margen de maniobra a los Estados en la regulación de las ayudas públicas para vivienda asequible, una competencia que, en España, recae en las comunidades autónomas, las cuales están gobernadas en su mayoría por el Partido Popular.
La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Vivienda, parte de la base de que la crisis habitacional “ha estallado” en todo el continente europeo, con millones de personas afectadas por la subida de los precios. Según los datos que maneja el grupo socialista, en la última década el precio medio de la vivienda ha aumentado un 48%. Cuando esto se compara con la renta de los hogares, la situación resulta “absolutamente insoportable”, porque el precio de la vivienda ha aumentado "casi dos veces más que la renta de los hogares".
Una revisión con Europa de las ayudas estatales
El PSOE argumenta que las normas comunitarias actuales limitan la capacidad de los gobiernos nacionales y regionales para diseñar políticas de vivienda adaptadas a sus realidades locales. Por ello, pide al Ejecutivo español que negocie con Bruselas una revisión del marco de ayudas estatales. “Estamos en un momento de estancamiento, por lo que es crucial encontrar soluciones eficaces que permitan a todos los Estados miembros determinar la implementación precisa a nivel local”, subraya la proposición.
Además, el texto insta al Gobierno a impulsar un plan europeo de vivienda asequible, destinado tanto a la ciudadanía europea como, de forma específica, a la española. El objetivo es incrementar el parque público de vivienda y desarrollar todas las medidas posibles que garanticen el acceso a una vivienda digna.
En el documento, los socialistas también plantean la necesidad de regular el impacto de la capitalización del mercado inmobiliario (especialmente el destinado a uso turístico o residencial) para hacerlo compatible con el derecho constitucional a una vivienda y con el mantenimiento de la identidad de las ciudades españolas.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha defendido en diversas ocasiones una mayor coordinación europea en esta materia, subrayó recientemente en el Congreso la necesidad de “dar una respuesta común a un problema que afecta por igual a todas las generaciones y a todos los países europeos”.
