La Ley de Vivienda entró en vigor el 26 de mayo de 2023 y, según el Partido Popular, se trata de una norma que ha eliminado del mercado de alquiler residencial más de 120.000 pisos, debido al incremento de la “inseguridad jurídica”. Por esta razón, la próxima semana van a pedir su derogación en el Congreso su derogación.
En concreto, como recoge Europa Press, la formación va a defender en el Pleno de la Cámara Baja una moción consecuencia de una interpelación urgente que realizaron a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la última sesión plenaria. En su moción, a la que ha accedido la citada agencia, el grupo parlamentario denuncia que a raíz de la ley que pactaron PSOE, Podemos, ERC y Bildu muchos propietarios han optado por vender, retirar sus inmuebles o trasladarlos al mercado del alquiler temporal.
“El resultado ha sido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras, la clase media, está siendo expulsada de los centros urbanos”, manifiesta el partido de Alberto Núñez Feijóo.
Una ley “intervencionista” que provoca la “subida de precios” y la “reducción de la oferta”, según los ‘populares’
Como ejemplo de estas consecuencias que defiende el PP, exponen el caso de Cataluña, que fue la primera Comunidad Autónoma que aplicó las medidas de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler. Según datos de Idealista que recogen los populares’, los precios en esta comunidad han subido un 8,7% en el último año y de cada tres viviendas que se retiran del mercado del alquiler en España, una lo hace en Cataluña.
Asimismo, apuntan que en Barcelona, por cada piso anunciado, hay 341 solicitudes, frente a las 77 que había antes de la entrada en vigor de la norma. Por ello, la formación pide la derogación de la ley, que califican de “intervencionista” y acusan de estar provocando “inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y un incremento de la ocupación e inquiocupación”.
Denuncia por la ocupación ilegal
El Partido Popular, a través de esta iniciativa, también denuncia el “fenómeno creciente de la ocupación ilegal”. Según datos del Instituto de Estudios Económicos que comparten, hoy habría unas 100.000 viviendas ocupadas en España, y un 30% de los afectados ni siquiera habría denunciado por la lentitud de los procesos judiciales, que pueden prolongarse hasta 18 meses.
Ante este escenario, el PP pide acabar con la ocupación ilegal de viviendas e inquiocupación, garantizando que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda sean expulsadas en un plazo de entre 24 y 48 horas.
Por último, los ‘populares’ añaden en su moción dos puntos para pedir medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes y crear la figura del “Proyecto Residencial Estratégico”, con el objetivo de unificar los trámites de las fases de planeamiento, gestión y ejecución, reducir los plazos de construcción de 10 a 4 años y destinar la mitad de las viviendas que se construyan bajo este modelo a vivienda asequible.
