El Gobierno estudia introducir penalizaciones fiscales en el impuesto sobre la renta (IRPF) para los propietarios que incrementen el precio del alquiler en los nuevos contratos. La medida, que se encuentra en una fase “embrionaria”, según fuentes del Ministerio de Vivienda citadas por RTVE, se articularía a través de una fórmula que combinaría incentivos y desincentivos fiscales con el objetivo declarado de contener los precios en un mercado tensionado.
De acuerdo con la información avanzada en el programa La Hora de La 1, el esquema sobre la mesa parte del régimen actual, que permite a los arrendadores deducirse hasta un 50% de los rendimientos obtenidos por el alquiler en su declaración de la renta.
La propuesta en estudio contemplaría aumentar esos beneficios fiscales, incluso hasta el 100%, para los propietarios que mantengan o reduzcan el precio de la vivienda al formalizar un nuevo contrato. En cambio, quienes opten por subir la renta verían “drásticamente reducidas” esas ventajas fiscales, aunque en ningún caso desaparecerían por completo.
Según explican las mismas fuentes, la medida “no afectaría a los contratos cuyo alquiler sube ligado a la inflación”. Solo se aplicaría cuando se firme un nuevo contrato de alquiler, que es, según el Ejecutivo, cuando suelen producirse los mayores aumentos de precio.
La intervención fiscal en el alquiler divide a los socios de coalición
La medida supone un paso más en la estrategia del Gobierno para influir en el mercado del alquiler. Hasta ahora, el Ejecutivo había apostado sobre todo por ofrecer ventajas fiscales a los propietarios que mantuvieran los precios y por reforzar el control sobre los contratos temporales o por habitaciones, que dan menos protección al inquilino.
El debate sobre cómo frenar la subida de los alquileres ha provocado tensiones dentro del propio Gobierno de coalición. Sumar ya mostró su rechazo a la política de incentivos anunciada por el presidente, Pedro Sánchez, al considerar que supone “regalar dinero público a los rentistas” y que “no soluciona el problema de la vivienda”, según afirmó su coordinadora general, Lara Hernández.
El trasfondo es un mercado del alquiler que vive una fuerte presión, sobre todo en las grandes ciudades y áreas metropolitanas. Con esta propuesta fiscal, el Gobierno pretende influir en las decisiones de los propietarios para frenar las subidas. Pero aún no se sabe qué impacto real tendría, cuánto costaría ni cuál sería su eficacia.
