El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley, propuesto por el Ministerio de Economía, que pretende actualizar los umbrales que determinan el tamaño empresarial y así reducir las cargas administrativas de las pequeñas y medianas empresas (pymes). La medida, que transpone una directiva europea, aumenta los límites de volumen de negocio y de activos, de modo que muchas compañías clasificadas hasta ahora como medianas pasarán a ser consideradas pequeñas a efectos contables y de auditoría.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó que el objetivo es que estas empresas “tengan que afrontar menos obligaciones o unas obligaciones menos complejas y costosas” y que puedan destinar esos recursos a reforzar su competitividad.
Según las estimaciones del Ejecutivo, 5.813 empresas se beneficiarán directamente de la medida, lo que permitirá que el 98,5% del tejido empresarial español quede bajo un modelo contable de obligaciones reducidas.
Nuevos umbrales de tamaño empresarial
Con la reforma, se considerará pequeña empresa aquella con un balance total de hasta 7,5 millones de euros y un volumen neto de negocio de hasta 15 millones, frente a los 4 y 8 millones anteriores. Las empresas medianas serán las que tengan un balance de hasta 25 millones y una facturación de hasta 50 millones (antes 20 y 40 millones), mientras que las grandes superarán estos umbrales.
El cambio supone una actualización de parámetros que llevaban más de una década sin revisarse y que, en la práctica, “liberarán recursos y tiempo administrativo para miles de negocios”, según fuentes del Ministerio de Economía.
Menos auditorías obligatorias
La norma también eleva en un 25% los límites que determinan qué sociedades deben someterse a auditoría obligatoria, una actualización pendiente desde 2013.
Para las empresas con más de 50 trabajadores, el umbral de activo pasa de 2,85 a 3,56 millones de euros y el de volumen de negocio de 5,7 a 7,12 millones.
Como consecuencia, unas 4.300 compañías dejarán de estar obligadas a auditar sus cuentas por razones de tamaño.
Objetivo: alcanzar la media europea
La actualización busca alinear la normativa española con los estándares europeos y adaptarla al crecimiento del tejido empresarial de la última década. En un país donde más del 99% de las empresas son pymes, el Gobierno sostiene que la simplificación de obligaciones favorecerá la productividad y reducirá costes fijos que penalizan especialmente a las compañías de menor tamaño.
Fuentes empresariales consultadas valoran la medida como un paso en la buena dirección, aunque advierten de que la carga regulatoria sigue siendo elevada en comparación con otros países de la Unión Europea.
