El Gobierno ha confirmado este martes la prórroga de la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, una medida aprobada en el Consejo de Ministros y enmarcada en las políticas de protección social en materia de vivienda. El anuncio lo ha realizado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión.
Saiz ha explicado que el Consejo de Ministros mantiene y amplía medidas destinadas a hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, entre ellas la paralización de los lanzamientos en aquellos hogares que carecen de una alternativa habitacional. El objetivo, ha señalado, es garantizar estabilidad residencial a las personas que atraviesan dificultades económicas por causas sobrevenidas.
Como principal novedad, la portavoz ha indicado que, en el caso de propietarios con tres o más viviendas, no se ejecuta el desahucio cuando existe un contrato previo y el propietario no se encuentra en situación de vulnerabilidad. Esta modificación introduce un criterio diferenciado según el perfil del arrendador y refuerza la protección de los inquilinos en riesgo.
Alcance de la medida y otros aspectos del decreto
La decisión llega una semana después de que el Congreso rechazara la convalidación de un único decreto que integraba la revalorización de las pensiones y las medidas del escudo social, y que fue tumbado con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.
Ahora, el Consejo de Ministros opta por tramitar dos decretos diferentes, uno que incluye la revalorización de las pensiones y otro que mantiene el denominado ‘escudo social’.
Dentro de este segundo decreto se incluyen las ayudas extraordinarias por la dana, la prórroga del bono social, la moratoria de los desahucios y la prohibición de cortar los suministros básicos de energía y agua a los hogares en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a la suspensión de los desahucios, según explican desde Europa Press, la prórroga no se aplica a los propietarios de una o dos viviendas, salvo que estos se encuentren también en situación de vulnerabilidad. En estos casos, corresponde a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para los inquilinos vulnerables.
