El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la quita de deuda autonómica a través del anteproyecto de ley orgánica, por un valor de 83.252 millones de euros, los cuales asume el Estado. Esta medida, que ya fue aprobada previamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado mes de febrero, no supone "ningún agravio con ninguna parte del territorio" ni tampoco un trato de favor hacia Cataluña. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que el plan responde a criterios objetivos y que permitirá un ahorro de hasta 6.700 millones en intereses para los gobiernos regionales.
La propuesta, formalizada mediante un anteproyecto de ley orgánica, prevé que el Estado asuma una cuarta parte de la deuda de las comunidades de régimen común. “Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España”, declaró Montero. Según la ministra, incluso regiones que no cuentan con deuda contraída mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como Madrid, podrán verse favorecidas.
El 75% del importe asumido por el Estado (alrededor de 60.000 millones) corresponde a comunidades gobernadas por el Partido Popular, lo que según Montero refuerza la imparcialidad de la medida. La condonación equivale, de media, al 19% del total de la deuda autonómica.
Andalucía será la comunidad con mayor quita
María Jesús Montero detalló que Andalucía será la comunidad con mayor quita en términos absolutos, con 18.791 millones de euros. En cambio, la Comunitat Valenciana será la más beneficiada por habitante, con 2.284 euros. Canarias, por su parte, verá condonado el 50% de su deuda, el porcentaje más alto del conjunto autonómico.
“Es decir, tres territorios donde gobierna el PP, bien preside o bien cogobierna con otras fuerzas políticas. ¿Dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio?”, se pregunta la vicepresidenta en relación a los supuestos intereses partidistas con los que criticaban la medida.
Respecto a la Comunitat Valenciana, destacó que no hay razones para que continúe “atrapada en esa situación” financiera cuando “no puede salir a los mercados”. Criticó al presidente autonómico, Carlos Mazón, por actuar “al dictado” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Pese al rechazo inicial del PP, la ministra vaticinó que sus gobiernos autonómicos terminarán acogiendo la propuesta. “Por mucho que digan en el relato, de cara a la galería, al final terminarán firmando, porque saben que es bueno para el conjunto del territorio”, afirmó.
El Ejecutivo central defiende que esta medida servirá para restaurar la autonomía financiera y política de las comunidades, con el objetivo de que puedan volver a endeudarse en los mercados. “Tengamos en cuenta que el FLA, al cronificarse, se ha convertido en una anomalía”, advirtió Montero.
El Gobierno prevé que se apruebe a principios de 2026
El anteproyecto será sometido a audiencia pública para incorporar aportaciones de las comunidades autónomas. El Gobierno prevé remitir la norma al Congreso “antes de que acabe el año” y aprobarla definitivamente en el primer trimestre de 2026.
Una vez en vigor, las comunidades tendrán un plazo “suficientemente amplio” para acogerse a la quita. El Estado deberá entonces planificar la nueva deuda asumida, identificando su naturaleza y los plazos de devolución.
