El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que obliga al uso de la factura electrónica entre empresas y profesionales (B2B), que deberá implantarse de forma progresiva en un plazo de uno o dos años según el tamaño de la empresa, con el objetivo de impulsar la digitalización y reducir la morosidad.
La norma establece que las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros deberán adaptarse en el plazo de un año, mientras que el resto dispondrá de dos años. Estos plazos comenzarán a contar desde la publicación de la orden ministerial que regulará la plataforma pública, prevista antes del 1 de julio de 2026.
Segun recogen desde Europa Press, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que el objetivo es “facilitar la adopción de esta medida”, especialmente en el caso de las pymes, mediante un periodo transitorio adaptado a su tamaño.
Un nuevo modelo de facturación digital y diferencias con Verifactu
El real decreto define la factura electrónica como un fichero estructurado de lectura automatizada, lo que supone dejar atrás formatos como el papel, el PDF o el Excel. Además, introduce la obligación de informar sobre el estado de cada factura, incluyendo su aceptación y la fecha de pago.
Las empresas podrán intercambiar facturas a través de plataformas privadas interconectadas o mediante una solución pública gratuita desarrollada por la Agencia Tributaria, accesible también para autónomos con bajo volumen de facturación.
La aprobación de esta norma coincide con el desarrollo de Verifactu, un sistema impulsado por el Ministerio de Hacienda para combatir el fraude fiscal, aunque ambos proyectos tienen objetivos distintos.
Mientras Verifactu se centra en el control fiscal y en evitar la manipulación de facturas, la factura electrónica B2B desarrolla la Ley Crea y Crece y busca mejorar la eficiencia en las relaciones comerciales entre empresas.
Impacto económico y ahorro para las empresas
Según el Gobierno, la implantación de la factura electrónica permitirá ahorros significativos de tiempo y costes, gracias a la automatización de procesos contables. Actualmente, en España se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas al año, con un ahorro estimado superior a 2.700 millones de euros.
El Ejecutivo ha señalado que, si se alcanza un volumen similar al de países como Italia, donde se gestionan más de 2.000 millones de facturas electrónicas anuales, el ahorro podría superar los 8.000 millones de euros.
