El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva estrategia de desarrollo sostenible que incorpora una prestación universal por crianza con el objetivo de erradicar la pobreza infantil más severa antes de 2030, reforzar el acceso a la vivienda y avanzar en igualdad de género y transición ecológica. La medida, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pretende llegar al 100% de las familias con hijos menores a cargo.
Aunque la estrategia ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, la prestación universal por crianza requerirá un desarrollo normativo específico para concretar sus condiciones antes de su puesta en marcha efectiva.
El Ejecutivo incluye por primera vez este derecho, que las ONG reclamaban antes del fin de 2025, en una estrategia estatal como instrumento para combatir la pobreza infantil a corto plazo. La intención, según recogen desde EFE, es que la prestación universal por crianza alcance a la totalidad de los hogares con menores, con especial atención a las familias monomarentales, que presentan mayores tasas de vulnerabilidad.
Entre los objetivos figura reducir en un 10% la tasa AROPE (riesgo de pobreza y exclusión social), situándola por debajo de la media de la Unión Europea. El Gobierno enmarca esta iniciativa dentro de un conjunto de 100 metas destinadas a fortalecer el Estado del bienestar y orientar las políticas públicas hacia una transición social, económica y medioambiental que garantice derechos e igualdad.
Más inversión en vivienda y prioridad para jóvenes
Una de las prioridades de la estrategia aprobada es la de mejorar el acceso a la vivienda. Para ello, el Gobierno plantea triplicar la inversión pública hasta alcanzar los 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años y elevar el parque de vivienda en alquiler social hasta el 5% en 2030.
Se contempla, además, incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% de las viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. El Gobierno subraya la importancia de la cooperación entre administraciones y anima a las comunidades autónomas a aplicar la Ley de Vivienda para limitar los precios en zonas tensionadas. Asimismo, se prioriza el acceso de los jóvenes con el objetivo de reducir la edad media de emancipación.
Igualdad de género y objetivos educativos
Entre las metas incluidas figura reducir la brecha salarial de género hasta el 10% en 2030, así como disminuir la proporción de contratos a tiempo parcial de mujeres hasta situarla en el 55% respecto a los hombres. También se plantea aumentar la tasa de actividad femenina en un 5%.
En el ámbito educativo, el documento establece como objetivo rebajar la tasa de abandono escolar temprano hasta el 9%, con especial atención a colectivos vulnerables. Además, propone incrementar en un 50% el número de personas con discapacidad que acceden y completan estudios superiores o formación técnica avanzada.
Transición ecológica e independencia energética
Otro de los puntos de la estrategia es la apuesta por reforzar la independencia energética, impulsar las energías renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 32%. También prevé ampliar los recursos destinados a hacer frente a emergencias derivadas de fenómenos climáticos extremos.
El plan incluye asimismo medidas para promover la visibilidad de los delitos y discursos de odio y fija como meta que el 100% de los trámites de extranjería estén digitalizados, simplificados y unificados, garantizando al mismo tiempo atención presencial para quienes la requieran.
