El Congreso de los Diputados retomará este martes la tramitación de la proposición de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones. Una iniciativa que presentada por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, con el objetivo de evitar que estos contratos queden fuera del marco regulatorio establecido por la Ley de Vivienda.
La iniciativa fue admitida a trámite en diciembre de 2024, y las enmiendas se presentaron el pasado mes de mayo. Sin embargo, según recogen desde Europa Press, no ha sido hasta ahora cuando se ha convocado la reunión de la ponencia que comenzará a debatir el texto y las propuestas de modificación.
El retraso en el avance de esta iniciativa ha provocado fricciones entre el PSOE y sus socios parlamentarios, especialmente con ERC y Sumar, que han expresado públicamente su malestar por los plazos dilatados. La reactivación de esta norma se produce en plena ruptura de Junts con el Gobierno, lo que incrementa la presión sobre los apoyos parlamentarios del Ejecutivo.
Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, han celebrado que el proceso se reactive y han señalado que la regulación de estos contratos es “imprescindible” para atajar el fraude que se está produciendo con este tipo de alquiler, sobre todo en grandes ciudades. La ministra ha instado a los grupos a trabajar por un acuerdo que permita sacar adelante la reforma.
Una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos
La proposición de ley plantea una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con el objetivo de equiparar los contratos de temporada a los de vivienda habitual, especialmente en zonas declaradas tensionadas, para evitar su uso fraudulento como fórmula para esquivar las limitaciones legales en materia de precios.
Entre las medidas clave, se incluye la obligación del arrendador de justificar la necesidad de temporalidad, en términos comparables a los que exige la legislación laboral.
Además, se establece que el contrato de temporada no podrá superar los nueve meses y que, si se encadenan más de dos contratos consecutivos o se supera esa duración, se considerará un arrendamiento de vivienda habitual, con todas las obligaciones que ello implica: plazos mínimos, prórrogas y derechos del inquilino incluidos.
