Baleares es una de las comunidades donde el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega con más dificultad a quienes lo necesitan. No es que haya menos familias vulnerables, sino que muchas de las que cumplen los requisitos no lo piden y, por tanto, se quedan sin la ayuda. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en 2024 el 67% de los hogares baleares con derecho al IMV no pidió la prestación, una cifra que equivale a renunciar a una ayuda diseñada para amortiguar episodios de pobreza y precariedad. El desfase es aún mayor en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), donde el 85% de los hogares con derecho no lo solicitó, el porcentaje más alto entre comunidades.
El fenómeno tiene nombre (non take up) y es persistente. A escala estatal, la AIReF estima que en 2024 un 55% de los hogares elegibles no solicitó el IMV y un 72% no pidió el CAPI, lo que evidencia que el problema no es exclusivo del archipiélago. Aun así, el organismo sitúa a Baleares entre los territorios con peores resultados junto a Cataluña, un patrón que vincula a la complejidad administrativa y a una coordinación insuficiente entre la prestación estatal y las rentas mínimas autonómicas.
En Baleares, esas fricciones administrativas chocan con un contexto social especialmente exigente (coste de la vida elevado, presión del mercado de la vivienda y empleo marcado por la estacionalidad). La combinación tiene un efecto directo (hogares con ingresos inestables y trámites percibidos como inciertos) y otro más silencioso (familias que se quedan fuera por falta de información, dificultades para acreditar la unidad de convivencia o simple desconfianza ante revisiones posteriores).
Menos empleo incluso con incentivos
La evaluación de la AIReF añade, además, un debate de fondo sobre el diseño. Por primera vez, el organismo ha medido el impacto del IMV sobre el empleo y concluye que recibirlo reduce la probabilidad de trabajar en torno a un 12%, incluso después de la entrada en vigor del incentivo al empleo en 2023. El efecto es más intenso en menores de 30 años y en hogares monoparentales, colectivos donde el IMV debería actuar como sostén transitorio. A la vez, la AIReF detecta un matiz que apunta a una mejora de calidad (entre quienes mantienen empleo, crece ligeramente la probabilidad de tener contrato indefinido).
El diagnóstico sobre el incentivo al empleo es especialmente severo. La AIReF cuestiona su eficacia porque se apoya en información fiscal con retraso, lo que diluye el mensaje para el beneficiario (trabajar más hoy no se traduce en un ajuste inmediato y comprensible de la prestación). En economías con encadenamiento de contratos breves y periodos de inactividad, como ocurre en Baleares, esa falta de inmediatez reduce la capacidad de la ayuda para funcionar como palanca.
En el caso del CAPI, el problema de acceso adquiere una dimensión añadida. Aunque forma parte del IMV, puede reconocerse de forma independiente y se solicita a través del mismo procedimiento, con umbrales y criterios propios. Para la AIReF, avanzar hacia procesos más automáticos, especialmente en la ayuda a la infancia, es clave para cerrar una brecha que hoy deja fuera a una parte sustancial de hogares con menores.
La batería de reformas que plantea el organismo apunta a tres frentes (simplificación y automatización de concesiones, rediseño completo del incentivo al empleo y refuerzo del acompañamiento individualizado). Sin esos cambios, Baleares seguirá encadenando una paradoja social (indicadores macroeconómicos dinámicos y, al mismo tiempo, una red de protección que no alcanza a quienes cumplen los requisitos).
