El Gobierno de España cambia las reglas y empieza a aplicar desde este fin de semana en Galicia la prohibición de venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. La nueva regulación impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prohíbe la vender este tipo de bebidas a menores de 16 años y obliga, entre otras cosas, a tratar estos productos de forma similar a otros como el alcohol o el tabaco en los establecimientos o supermercados.
¿Qué significa esto último? Pues que entre las medidas que están sobre la mesa para cambiar la gestión de las bebidas energéticas en los establecimientos de venta está modificar la forma en la que estos productos se exponen en las tiendas. Las bebidas energéticas deberán estar colocadas en espacios diferenciados dentro de supermercados y tiendas de alimentación, evitando que se sitúen junto a los refrescos convencionales. Así lo ha aclarado el propio Ministerio de Consumo a través de su portal oficial.
El objetivo es reforzar el control sobre el acceso de los menores a este tipo de bebidas y aumentar la concienciación sobre sus posibles efectos en la salud. Según el Ministerio de Consumo, existe un amplio consenso social sobre la necesidad de limitar su consumo en edades tempranas, ya que su contenido en cafeína y otros estimulantes puede provocar alteraciones del sueño, problemas cardiovasculares o cambios en el comportamiento.
Prohibición de vender bebidas energéticas a menores de 16 años
La normativa impulsada por el ministro Pablo Bustinduy prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y ampliar esa limitación a los menores de 18 cuando se trate de productos con más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.
Con esta medida, el Gobierno busca igualar el tratamiento de estas bebidas a otras sustancias consideradas potencialmente perjudiciales para la salud de los menores. Además, se pretende reducir su consumo habitual entre jóvenes, ya que diferentes estudios indican que una parte relevante de la población las consume de forma frecuente e incluso diaria.
El propio ministro ha defendido que existe “un consenso amplísimo” sobre la necesidad de regular este tipo de bebidas, que se han convertido en una amenaza para la salud de los más jóvenes debido a su alto contenido en cafeína y otros estimulantes.
Multas de hasta 3.000 euros por tener bebidas energéticas en la mochila
Las nuevas reglas no solo afectan a la venta, sino también a la forma en la que los comercios deben gestionar estos productos. En el caso de Galicia, donde la normativa ya se aplica desde este sábado, los establecimientos deben situar las bebidas energéticas en zonas separadas de los refrescos tradicionales para evitar su consumo impulsivo por parte de menores.
La ley también establece un régimen sancionador para quienes incumplan estas restricciones. Por ejemplo, estar bebiendo una bebida energética por la calle o simplemente llevarla en la mochila sin tener la edad mínima sería considerado una infracción leve con multas que van desde los 200 hasta los 3.000 euros.
Si se repiten las infracciones o se produce la venta o suministro a menores, las sanciones pueden elevarse a infracciones graves, con multas que pueden alcanzar los 15.000 euros. Es aquí donde entra la correcta aplicación de la norma en los establecimientos, no dejando vender estas bebidas a menores de 16 años y debiendo quitarla de la misma zona que el resto de bebidas o refrescos.
Galicia es la primera comunidad en aplicar la prohibición
Galicia se ha convertido en la primera comunidad autónoma de España en aplicar la normativa que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y el resto de normas relacionadas. Desde el 7 de marzo ha entrado en vigor la ley que prohíbe vender bebidas energéticas y vapeadores a menores, poniéndolas en el mismo terreno que otras prohibiciones como las del alcohol o la del tabaco, en cuanto a lo que el consumo entre menores se refiere.
El Gobierno gallego considera que esta norma supone “un antes y un después” en la protección de la salud de los jóvenes y espera que sirva de referencia para otras comunidades autónomas o futuras leyes estatales.
Con esta regulación, España avanza hacia un modelo similar al de otros países europeos que ya han decidido limitar el acceso de los menores a bebidas energéticas por su impacto potencial en la salud.
