El Comité Económico y Social Europeo (CESE), el órgano consultivo que representa a empresarios, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil en la UE, ha advertido de que subir de forma brusca o excesiva los impuestos especiales sobre el tabaco y otros productos con nicotina pueden acabar teniendo el efecto contrario al buscado. Tal y como explica el dictamen aprobado en su pleno de 18 y 19 de febrero, ese tipo de alzas pueden hacer provocar una subida del comercio ilícito, reducir la recaudación y debilitar los objetivos de salud pública de la Unión Europea.
El texto, elaborado en el marco de la revisión de la Directiva de Fiscalidad del Tabaco, se actualiza para incluir productos que han ganado peso en el mercado en los últimos años, como el tabaco calentado, los líquidos de vapeo o las bolsas de nicotina. La Comisión Europea presentó su propuesta el 16 de julio de 2025 con dos iniciativas legislativas, COM(2025) 580 y COM(2025) 581, con el objetivo de modernizar unas reglas que la propia Comisión considera desfasadas ante la evolución del consumo.
La advertencia del CESE tiene su foco en el riesgo de que una subida rápida de los gravámenes desplace la demanda hacia canales ilegales y genere más incentivos para el contrabando (algo que ya esta pasando en países como Holanda o Francia), especialmente en zonas fronterizas o en países de menor poder adquisitivo, donde las diferencias de precio ya empujan parte del consumo hacia compras transfronterizas. En el debate interno del pleno, varios miembros explicaron que la fiscalidad del tabaco tiene un peso distinto según el Estado miembro y reclamaron flexibilidad para evitar distorsiones de mercado.
El dictamen aconseja que cualquier ajuste se haga de forma gradual y vaya acompañado de medidas de control, como una mayor cooperación aduanera, iniciativas transfronterizas contra el contrabando y sistemas de seguimiento y trazabilidad. La propuesta comunitaria, de hecho, contempla extender la vigilancia a materias primas como el tabaco en rama para dificultar desvíos hacia circuitos ilegales.
Una de las claves políticas del texto es la defensa de una fiscalidad “proporcional al riesgo”. El CESE sostiene que los productos no combustibles y los considerados de menor riesgo no deberían soportar la misma carga que los cigarrillos tradicionales, una idea que resume en el principio “menos daño, menos impuestos”. El dictamen apunta también a la necesidad de definiciones legales más claras para categorías como el tabaco calentado, con el fin de diferenciarlas de los cigarrillos en el diseño de los impuestos.
Aunque el debate sigue abierto, en Suecia, organizaciones de consumidores favorables a la reducción de daño han reclamado al Gobierno que se oponga a una armonización fiscal que, a su juicio, no diferencia lo suficiente entre los cigarrillos y alternativas como el snus o las bolsas de nicotina. Este enfoque se mencionó también en el debate del pleno del CESE. La reforma, en todo caso, entra ahora en la negociación entre gobiernos en el Consejo de la UE, donde la fiscalidad exige unanimidad, un requisito que suele ralentizar y endurecer los pactos.
