El Gobierno de España se ha topado con un muro en Bruselas tras aprobar un decreto que impone duras restricciones a los nuevos productos de nicotina sin combustión. La norma, que obliga a envases genéricos, prohíbe los sabores y fija un límite de 0,99 mg de nicotina por bolsita (seis veces menos que la media europea), equivale en la práctica a una prohibición de facto, ya que con esa cantidad el producto pierde su utilidad como sustituto del tabaco combustible para los fumadores y que fue objeto de dictámenes razonados por seis Estados miembros (Rumanía, Hungría, República Checa, Italia, Suecia y Grecia), lo que activó automáticamente una suspensión del procedimiento TRIS hasta el 28 de julio de 2025.
Según un análisis publicado por el European Centre for International Political Economy (ECIPE) el 16 de julio de 2025, este decreto se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo la defensa de la salud pública puede chocar con los principios de libre circulación en el mercado único. “Tendrán que modificar la ley o retirarla”, afirma un alto funcionario de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) de la Comisión Europea, que participa en el seguimiento del expediente.
La contestación no ha venido solo de los socios europeos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestionó ya la proporcionalidad del decreto y alertó de la falta de base legal para algunas medidas. Entre los Estados más críticos destacan Suecia, Dinamarca, Italia y Rumanía, que defienden estos productos como una alternativa menos dañina al tabaco tradicional. Francia, en cambio, ha ido más lejos y ha decretado su prohibición total.
El choque reabre una vieja grieta europea, que es la tensión entre la protección de la salud pública y la libre circulación de mercancías. El caso recuerda al del snus sueco, el tabaco oral prohibido en la UE desde 1992 salvo en Suecia y Noruega, que se convirtió en símbolo de las diferencias culturales entre el norte, donde se apuesta por la reducción de daños, y el sur, más proclive a medidas de prohibición.
A este pulso regulatorio se suma otro de índole fiscal. La Comisión Europea, bajo el impulso de Teresa Ribera y con su comisario de Clima, Wopke Hoekstra, prepara una subida nuca vista en los impuestos al tabaco y a los cigarrillos electrónicos. Bruselas aspira a recaudar varios miles de millones de euros al año (las estimaciones más fiables, como las de Reuters, hablan de en torno a 11.200 millones, aunque algunos cálculos elevan la cifra hasta los 30.000 millones), pero la directiva necesita la unanimidad de los 27. Varios países, entre ellos Italia y Grecia, ya han adelantado su rechazo.
Entre el “impuestazo” o el riesgo al mercado negro
A este pulso regulatorio se suma otro de índole fiscal. La Comisión Europea, bajo el mando de Teresa Ribera y su comisario de Clima, Wopke Hoekstra, prepara una subida sin precedentes de los impuestos al tabaco y a los cigarrillos electrónicos. Bruselas aspira a recaudar hasta 30.000 millones de euros al año, pero la directiva necesita la unanimidad de los 27. Varios países, entre ellos Italia y Grecia, ya han adelantado su rechazo.
El riesgo, como han advertido KPMG y Euromonitor, es que cada subida impositiva alimenta el mercado negro. En 2024 se consumieron más de 15.300 millones de cigarrillos falsificados en Europa, un 20% más que el año anterior, y en Países Bajos el contrabando se duplicó tras una subida récord. España, como gran puerta de entrada de mercancía desde Asia y otros mercados paralelos (desde Oriente Medio hasta Europa del Este), se perfila como el país más vulnerable a una avalancha de vapers falsificados, cuyo peso en el mercado europeo no deja de crecer.
El futuro de la norma española dependerá ahora de cómo se resuelvan las negociaciones en Bruselas. Suecia amenaza con acudir al Tribunal de Justicia de la UE para forzar la retirada de las restricciones, mientras la Comisión observa el pulso con interés, ya que cada disputa refuerza su papel como árbitro y allana el camino hacia una legislación comunitaria más estricta y centralizada.
Por todo lo explicado, España y Francia afrontan un dilema. Retirar o posponer sus medidas podría evitar un varapalo judicial, pero también debilitaría su posición negociadora de cara a la inminente reforma de la Directiva del Tabaco. Mantenerlas, en cambio, expone a ambos países a una derrota en Luxemburgo que podría condicionar la futura política europea contra el tabaco y la nicotina.
