El Congreso da luz verde a la reforma fiscal pero tumba el impuesto a las energéticas

El Pleno del Congreso de los Diputados ha despejado todas las dudas y ha aprobado de forma definitiva el proyecto de ley por el que se crea un impuesto mínimo para las empresas multinacionales, donde aparece parte de la llamada ‘reforma fiscal’ que perseguía el Gobierno. Finalmente, esta incluye un impuesto a la banca, pero deja fuera el gravamen al sector de la energía.

La tramitación parlamentaria ha terminado una vez que se han votado las enmiendas procedentes del Senado, algunas de las que han conseguido el ‘sí’ del Congreso a pesar de que el Gobierno ha votado en contra. En el momento en que esta norma aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entrará en vigor.

Los problemas para sacar adelante esta reforma fiscal vienen de antiguo. Desde el primer día ha tenido que pasar por varias negociaciones de las que no siempre ha salido con éxito. En cualquier caso, superó el primer trámite en el Congreso, pero no con todos los puntos que perseguía el Ejecutivo de Sánchez, como subir la fiscalidad al diésel, regular el régimen de las Socimis o gravar los coches, aviones y yates. 

Las ayudas de la DANA no pagarán impuestos

Una vez que ha pasado por el Senado, la norma llega a la Cámara Baja con las medidas propuestas por el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo. En un primer momento, el Gobierno mostró su rechazo a incluirlas, pero finalmente sí han tenido que aceptarlas. Entre ellas, las enmiendas para dejar exentas de IRPF e impuesto de donaciones a las ayudas para los afectados por la DANA, el IVA del 0% para cambiar de vehículo y arreglar la casa o la prórroga a 2025 del impuesto del IBI y el IAE.

Se han aprobado también las enmiendas de Junts en el Senado, que bajaban el IVA de los productos lácteos al 4%, y concedían una cuota empresarial a entrenadores y monitores de clubes deportivos. 

El PP consiguió tumbar también la base legal del gravamen energético con una enmienda en el Senado que en el Congreso han apoyado Vox, Junts y PNV.

Impuesto a la banca

Uno de los puntos más polémicos de esta reforma ha sido desde el principio, una reconfiguración del gravamen a la banca. Principalmente porque de esta decisión dependían 7.200 millones de euros de fondos europeos. De este modo, pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, implicando que las haciendas forales y las CCAA puedan gestionarlo. 

Tendrá un tipo progresivo en el margen de interés y comisiones de cada entidad, que será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% a partir de esta última cuantía.

No se han incluido las enmiendas del PP para que lo que se recaude con estos impuestos vaya destinado a las ayudas hipotecarias o la construcción de vivienda de precio tasado que permita a los jóvenes conseguir una casa. 

Tampoco se han aprobado las exenciones fiscales en el IRPF a jóvenes de entre 18 a 35 años durante 4 años para que lo destinen a la natalidad, a emprender o a la vivienda. El PP ha manifestado que esta medida tendrá un coste de 2.100 millones de euros y un beneficio medio para los jóvenes de entre 10.000 y 12.000 euros.

Cambios en el impuesto de sociedades

El Impuesto de Sociedades se ha reducido para las empresas que facturen menos de un millón de euros de forma que la base imponible comprendida hasta los 50.000 euros tendrá un gravamen del 17% y el resto de la base un tipo del 20%. La reducción del gravamen será gradual hasta 2027.

Este proyecto de Ley contempla medidas para evitar el impacto recaudatorio que supone una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró la nulidad parcial de una reforma del Impuesto de Sociedades ejecutada por el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP).

Se ha incrementado en 2 puntos la tributación de las rentas de capital superior a los 300.000 euros, que ha pasado del 28% al 30%.

Incapacidad permanente y empleo

Se ha dado el visto bueno a una enmienda del PSOE y Junts para que las personas que estén en situación de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no pierdan su pensión si acceden a un empleo y finalmente no pueden seguir con el mismo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado que esta reforma fiscal haya salido adelante finalmente, porque entiende que servirá para recaudar más a través de aquellas empresas o ciudadanos que más tienen.