La Comunidad de Madrid anunció el pasado 26 de enero que las personas condenadas por delitos vinculados a la okupación ilegal quedarán excluidas del acceso a una vivienda protegida durante un periodo de cinco años. Una medida que se incorporará al nuevo Reglamento de Vivienda Pública, cuya aprobación está prevista para el mes de julio.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendió esta iniciativa durante un desayuno informativo en Madrid, donde señaló que el Gobierno regional continuaría actuando frente a la okupación “a pesar de contar con competencias limitadas” en esta materia.
El reglamento incorporará además la exigencia de acreditar un empadronamiento mínimo de diez años en la Comunidad de Madrid para poder optar a una vivienda protegida. Desde el Gobierno regional indicaron que este criterio busca priorizar a personas con una vinculación estable con la región y garantizar un uso más eficiente de la vivienda pública.
Esta condición supone un cambio relevante en el sistema de adjudicación, al introducir un requisito temporal más estricto que en convocatorias anteriores.
El Plan Vive y la oferta de alquiler asequible
Durante el anuncio, el Ejecutivo autonómico recordó el avance del Plan Vive, que suma alrededor de 14.000 viviendas en distintas fases de desarrollo. De ellas, más de 5.100 ya habían sido entregadas, unas 3.200 se encontraban en fase final de construcción y otras 3.400, dirigidas al Plan Solución Joven, estaban en licitación.
El Gobierno madrileño subrayó que estas actuaciones pretenden incrementar la oferta de alquiler a precios asequibles, especialmente para jóvenes y familias, en un contexto de elevada demanda residencial en la región.
