España vive uno de sus peores momentos en el campo. El sector agrario representa el 2,5% del PIB y emplea al 3,6% de la población activa, pero más de medio millón de personas no pueden vivir de ello.
Los precios que pagan las empresas y supermercados son mínimos, y muchos agricultores tiran o regalan su producto porque no sale rentable venderlo por debajo del coste de producción.
Clara Sarramián, agricultora autónoma en Logroño, lleva cuatro años y algún mes en el negocio. “El año pasado, al intentar venderla… al final tienes muchos kilos y me la querían pagar a mitad de precio del año anterior. Preferí tirarla porque, al final, si todos pasamos por el aro, lo que vamos a conseguir es ir en nuestra contra”, sentencia en una entrevista a Jaime Gumiel.
El amor por el campo a esta española le viene de familia: abuelos, padres, primos… “Al final se jubilaba mi madre y me daba rabia dejar esto. Tenía los suficientes recursos para poder seguir el negocio”, dice.
Lo suyo es la agricultura convencional, donde asegura que prefiere trabajar ella sola: “Sigo igual que lo que hacían mis padres. Trabajo yo sola y hacer el cultivo ecológico sería muchísimo más trabajo para mí”.
“Lo vendo a 80 céntimos y lo compran a 3,5€”
Pese a lo que muchos puedan pensar, ser agricultor no es nada fácil. Aunque en invierno Clara asegura que “trabajo menos horas”, en verano, los días suelen ser muy largos y las jornadas intensas “durmiendo lo mínimo”. Durante estas épocas, la mujer señala que puede trabajar hasta 16 horas.
“Lo físico es muy duro, pero te acabas acostumbrando. Mentalmente sí es lo peor, quizás por el clima extremo, las granizadas y todo eso”, añade. Además, la competencia desleal de fuera de la Unión Europea también es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta. “Es imposible competir con esos precios. La gente dice que valora el producto nacional, pero al final mira su bolsillo”.
Según datos del Ministerio de Agricultura, los costes de producción (energía, fertilizantes o piensos) se han mantenido en niveles críticos, dificultando la rentabilidad. Por si esto fuera poco, la brecha entre el precio de origen y el destino sigue siendo una de las mayores distorsiones del mercado, con diferencias que en productos frescos pueden superar el 400%, según el índice IPOD.
A pesar de la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas, la concentración de la distribución presiona los márgenes del agricultor. Tal y como señala Clara, vendía sus productos a distribuidoras y supermercados: “Con suerte lo habré vendido a unos 80 céntimos o 1 euro como mucho. Luego, en la tienda puede estar a 3 euros y medio. Se va mucho dinero en intermediarios y el producto pierde frescura en las cámaras. Económicamente, antes estaba perdiendo dinero”.
Lo cierto es que Clara se siente valorada por la sociedad, pero no por el Estado, ya que “parece que nos quieren quitar de en medio”. Aunque ha pensado dejarlo muchas veces, “seguiré teniendo mi pequeña huertita para casa y habrá que trabajar de lo que se pueda”.
