El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reafirmado la intención de Sumar, de prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen próximamente, con el objetivo de contener las subidas de precios y limitar los incrementos al Índice de Precios al Consumo (IPC).
En declaraciones en una entrevista en La Sexta, recogidas por Europa Press, ha defendido la constitucionalidad de la medida y rechazado la alternativa planteada por el PSOE, basada en incentivos fiscales a los caseros.
La propuesta presentada por Sumar pretende evitar la subida del alquiler a los inquilinos tras la finalización de sus contratos, fijados en la mayoría de los casos en cinco años, según la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Este 2026 se prevé la expiración de más de 600.000 contratos firmados en 2021, antes del fuerte encarecimiento del mercado del alquiler. Finalizado el periodo obligatorio, los propietarios podrían aplicar incrementos superiores al IPC, ajustando los precios a los actuales niveles de mercado.
Bustinduy ha alertado de que esta situación podría forzar a muchas familias a abandonar sus viviendas, al no poder afrontar las nuevas rentas. Para evitarlo, su ministerio propone una prórroga automática de los contratos, permitiendo únicamente una actualización limitada al IPC, actualmente en torno al 2,9% anual.
Rechazo a los incentivos fiscales a propietarios
Frente a esta propuesta, el PSOE ha sugerido una alternativa basada en bonificar el 100% del IRPF sobre los ingresos del alquiler a los propietarios que no suban los precios al renovar los contratos. Una medida que Bustinduy rechaza con contundencia, alegando que supone un uso de fondos públicos para beneficiar a propietarios y lanza un mensaje fiscal desequilibrado.
“El mensaje que estás mandando es que en España por trabajar pagas impuestos, por invertir pagas impuestos, pero por recibir rentas del alquiler no pagas impuestos”, ha señalado el ministro en su intervención.
Bustinduy ha recordado que el 25% de la población en España vive de alquiler, mientras que el resto lo hace en propiedad. De este último grupo, entre un 5% y un 10% posee más de una vivienda, destinadas al arrendamiento, aunque generalmente se trata de pequeños propietarios. No obstante, el titular de Derechos Sociales ha denunciado la entrada masiva de fondos de inversión en el mercado inmobiliario, lo que, a su juicio, ha intensificado la especulación y presionado al alza los precios.
“La vivienda en España, en el mercado inmobiliario, se ha convertido en un zoco de especulación donde fondos buitre y fondos internacionales de capital riesgo han invertido masivamente para obtener el mayor rendimiento, el mayor beneficio económico posible en el menor plazo posible”, ha concluido.
