El Ejecutivo ha presentado el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el primero diseñado bajo el marco de la Ley de Vivienda, con una dotación prevista de 7.000 millones de euros y un horizonte temporal de cinco años. El objetivo es blindar el parque público, fomentar la corresponsabilidad con las comunidades autónomas y crear un sistema único de información y gestión de datos. Todo ello pensado para luchar directamente contra el encarecimiento de la vivienda (solo en el último trimestre han subido un 12,7% los precios), que hace sumamente complicado que los jóvenes y no tan jóvenes puedan acceder a la compra de su primera propiedad.
El plan, que ahora inicia su periodo de audiencia pública, se organiza en varios bloques principales: aumento de la oferta de vivienda social, impulso a la rehabilitación y regeneración urbana y rural, apoyo a la accesibilidad y medidas específicas para facilitar la emancipación de los jóvenes. Todo ello en un contexto de déficit de vivienda asequible, encarecimiento de los precios y una edad media de emancipación que ya roza los 30 años.
Entre las medidas destacan las ayudas a la compra de viviendas destinadas al parque público de alquiler, la promoción en suelos públicos o privados mediante colaboración público-privada y el respaldo a fórmulas alternativas como la vivienda cooperativa, el cohousing o el coliving.
Vivienda social y apoyo a la emancipación
En materia de rehabilitación, se incluyen subvenciones para edificios residenciales y para viviendas vacías que pasen a alquiler social o asequible, con ayudas adicionales de hasta 20.000 euros por inmueble en caso de haber estado desocupado durante más de dos años. Estas deberán mantenerse en alquiler social durante al menos cinco años.
Uno de los bloques centrales es el apoyo a la emancipación juvenil. Los menores de 35 años podrán acceder a ayudas al alquiler de hasta 300 euros mensuales para vivienda habitual (200 euros en el caso de habitaciones) con un límite del 60% de la renta. Asimismo, se contemplan subvenciones a la compra en municipios de menos de 10.000 habitantes por un importe máximo de 15.000 euros y nuevas fórmulas como el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con carácter permanente.
Ayudas para reducir la tasa de esfuerzo de las familias
El plan también prevé ayudas para reducir la tasa de esfuerzo de las familias, con aportaciones de hasta 250 euros mensuales para alquiler, que podrán ampliarse en función del número de personas a cargo o la existencia de discapacidad. Para colectivos vulnerables como las víctimas de violencia de género, las personas desahuciadas o los sin hogar, las ayudas podrán alcanzar los 900 euros al mes, más otros 300 para suministros, durante un máximo de cinco años.
Con este programa, el Ejecutivo insiste en consolidar la vivienda como quinto pilar del Estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia, un compromiso que busca dar respuesta a la creciente presión social en torno al acceso a la vivienda.
