La Agencia Tributaria establece nuevas obligaciones para inversores y bancos que realizan operaciones con criptomonedas con el fin de controlar las operaciones y el dinero que se genera por esta actividad. Estas van más allá de tener que declararlas en la Renta. El Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, ha sacado a consulta pública la directiva europea DAC8, que establece poner en marcha medidas más estrictas sobre la vigilancia de transferencias de criptoactivos.
Concretamente, lo que busca Hacienda es controlar la riqueza que se genera de estas inversiones, tanto para las personas, como para bancos y proveedores de este tipo de servicios. Exigir más información cumple con las exigencias de la normativa europea necesarias para la transferencia fiscal y la lucha contra el fraude internacional. Se trata de la primera directiva comunitaria para bloquear o investigar operaciones con criptomonedas que resulten sospechosas.
Hacienda tras las criptomonedas en España y Europa
Debido al importante aumento de inversiones en criptomonedas que se ha producido en Europa en los últimos años, la región impulsa una legislación fiscal para rastrear estas operaciones con el fin de detectar el blanqueo de dinero. Una normativa a la que deberán adherirse con controles más exigentes, los países que forman parte de la UE. Para esto, España, a través del Ministerio de Hacienda, somete desde este martes a información pública y hasta el 22 de marzo un documento con las nuevas obligaciones que deberán cumplir las entidades financieras y operadores de servicios de criptoactivos.
Qué es la normativa europea DAC8
El Consejo Europeo publicó la Directiva 2023/2226, el pasado 24 de octubre de 2023, que modifica la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, conocida como DAC8. Su principal objetivo es regular un nuevo marco de intercambio automático de información para criptoactivos y dinero electrónico entre países para mejorar la transparencia de estas operaciones.
La DAC8 obliga a los Estados miembros a modificar su propia legislación respecto la normativa europea, con un plazo que finaliza el 31 de diciembre de 2025. De esta manera, todos los países, incluso España, deberán contar con una nueva reglamentación que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2026.
¿Quién está obligado a identificar y comunicar inversiones en criptomonedas?
Están obligados a dar información tanto los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados, como los operadores y los usuarios que sean residentes fiscales en el país. Esto es tanto para personas físicas o entidades.
Cómo afectarán los nuevos controles a las criptomonedas en España
Según Funcas, durante el 2023 un 4,81% de los españoles mayores de edad, cerca de 1,9 millones de personas, invirtió en algún tipo de critpomonedas y los últimos datos de 2022 del Banco de España, estiman en 60.000 millones de euros la inversión en criptoactivos. Cifras que ubican a España en el quinto lugar de países de la Unión Europea con mayor inversión de la región.
Datos que aceleran la puesta en práctica de una legislación adaptada a la UE, lo antes posible. Estos nuevos controles exigirán que los operadores de servicios de criptoactivos informen sobre la identidad de las personas o empresas que invierten o paguen con estos, como:
- Valor de los activos
- Identificación fiscal
- Las operaciones que se realicen
Los operadores de cualquier parte de Europa que tengan esta información de los usuarios residentes en España deberán entregarla a la Agencia Tributaria y esta deberá hacer lo mismo en el caso de extranjeros en España. Si esta obligación no se cumple, perderán la autorización para operar en el país, y en el caso de los usuarios, se procederá a cerrar su cuenta.
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