El Gobierno ha abierto el plazo para que agricultores, ganaderos y comunidades de regantes de Andalucía y Extremadura comuniquen los daños ocasionados por las recientes borrascas en caminos agrarios de uso público e infraestructuras de riego. Las reparaciones se financiarán con una partida específica de 600 millones de euros, y las solicitudes deberán presentarse antes del 15 de abril de 2026. Las comunicaciones fuera de ese plazo no serán atendidas.
La medida se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que desarrolla lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2026 para hacer frente a los efectos del tren de borrascas que afectó especialmente a ambas comunidades entre enero y febrero.
El fondo de 600 millones se integra en un paquete global de 2.874,1 millones de euros para el sector primario, de los que 2.174 millones se destinarán a ayudas directas para compensar la pérdida de renta en explotaciones agrarias y acuícolas.
Qué daños podrán repararse y cuáles quedan fuera
La orden delimita con precisión el alcance de las actuaciones. Solo serán elegibles los daños provocados por las borrascas entre el 1 de enero y el 20 de febrero de 2026 y las obras deberán consistir exclusivamente en la reparación y restitución al estado anterior de las infraestructuras dañadas.
En el caso de los caminos agrarios, se financiará la recuperación del trazado, la plataforma o la estructura geométrica alterada por los temporales. En las infraestructuras de riego, podrán incluirse la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales, compuertas y otros elementos de almacenamiento y conducción de agua.
Quedan expresamente excluidos los trabajos ordinarios de mantenimiento, conservación o limpieza, lo que acota la ayuda a daños directamente vinculados a los fenómenos meteorológicos.
Procedimiento y requisitos formales
Para los caminos agrarios de uso público, las propuestas deberán ser remitidas por las Subdelegaciones del Gobierno, con el apoyo de un comité técnico en el que participarán las diputaciones provinciales, las juntas de Andalucía y Extremadura, así como representantes de Tragsa y de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa).
En el caso de las comunidades de regantes y usuarios del agua, las comunicaciones deberán presentarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, acompañadas de una declaración responsable que acredite la causalidad de los daños como consecuencia directa de las borrascas y el consentimiento para que la Administración pueda actuar.
La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria verificará cada comunicación y podrá requerir informes adicionales para comprobar que el daño tiene su origen en los temporales dentro del periodo establecido y que la actuación solicitada se ajusta a las obras elegibles. Solo tras esa comprobación se fijará el alcance máximo de los trabajos a ejecutar.
Criterios de prioridad
Las obras serán ejecutadas por la empresa pública Tragsa, como medio propio de la Administración, y se priorizarán atendiendo a tres criterios: infraestructuras cuya operatividad sea esencial para evitar pérdidas productivas; actuaciones que beneficien a un mayor número de explotaciones; y proyectos que puedan ejecutarse con rapidez para reducir el impacto socioeconómico en las zonas afectadas.
La orden también recuerda que las ayudas directas para compensar la pérdida de renta deberán respetar los límites establecidos por la normativa europea en materia de ayudas de Estado, ya sea bajo el reglamento de exención por categorías o el régimen de minimis.
Con este dispositivo, el Ejecutivo pretende acelerar la recuperación de la capacidad productiva en dos de las comunidades más afectadas por los temporales de este invierno, en un contexto en el que la estabilidad de las infraestructuras rurales resulta clave para garantizar la continuidad de la actividad agraria.
