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El Congreso pide al Gobierno revisar a la baja las cuotas de los autónomos a partir de 2026

El PP ha acusado al Gobierno de “exprimir” a los trabajadores por cuenta propia mientras que la ministra de Hacienda les recordó que ellos apoyaron la subida de cuotas.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en el Congreso de los Diputados
El Congreso pide al Gobierno revisar a la baja las cuotas de los autónomos a partir de 2026 |EFE
Berta F. Quintanilla
Fecha de actualización:
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El Congreso de los Diputados ha aprobado una moción del Partido Popular (PP) en la que reclama al Gobierno que revise a la baja los impuestos que pagan las familias y los autónomos y, entre otras medidas, no aplique la subida de cuotas a los trabajadores por cuenta propia para el año que viene y les exima de pagar el IVA cuando facturen menos de 85.000 euros anuales.

La moción se ha aprobado gracias al apoyo de Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN. Se han abstenido ERC (Esquerra Republicana), partido del que es portavoz Gabriel Rufián que calificó la subida de cuotas como “una burrada” y PNV y además de los grupos que componen el Gobierno, Podemos, BNG y Bildu han votado en contra.

La Cámara Baja ha respaldado esta cuestión por una moción a consecuencia de una interpelación que el partido de Feijóo dirigió  a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. 

Las peticiones aprobadas están en la propuesta que ha realizado el Gobierno para congelar las cuotas a los que menos ganan y subirlas en los tramos más altos. Es consecuencia de una rectificación realizada por el mismo Gobierno, ya que en principio la subida de las cuotas era general, es decir, afectaba a todos los tramos incluidos los más bajos. 

Además de estas medidas, el Congreso ha pedido al Ejecutivo de Sánchez, que ajuste el IRPF a los datos de la inflación (IPC) y deje sin tributación al SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

Terminar con los gastos superfluos y subir el sueldo a los trabajadores

Otra de las cuestiones que se han aprobado son las que tienen que ver con eliminar el gasto político “superfluo”. Piden una reforma administrativa que reduzca los trámites y las cargas que ponen en problemas la actividad empresarial, simplificando las obligaciones fiscales, agilizando los permisos y los procedimientos y garantizando un entorno favorable para el crecimiento y la inversión. 

Demandan al Gobierno un plan estratégico orientado a la mejora de la productividad y la competitividad para mejorar la expansión empresarial contribuyendo a un aumento “progresivo y sostenido” en el sueldo de los trabajadores.