La Comisión Europea va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adoptado dos directivas europeas en materia de IVA, incluida la relativa al régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas, lo que se conoce como “IVA franquiciado”, cuando operan en otros Estados miembros.
Bruselas abrió el expediente a España en enero del año pasado (cuando debería haber entrado en vigor) pero, a pesar de haber lanzado varios ultimátums, han apuntado que el Gobierno no ha comunicado la incorporación a su derecho nacional de las dos directivas, siendo “el único Estado miembro que no lo ha hecho”.
“Por tanto, la Comisión lleva a España ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando la imposición de sanciones pecuniarias”, ha explicado la Comisión, tal y como recoge EFE, solicitando además “la imposición de sanciones financieras”.
Qué directivas no ha adoptado España
La primera de ellas tiene que ver con el llamado IVA franquiciado, que deja a los Estados miembros decidir libremente si quiere aplicarlo dentro de sus propias fronteras, lo que permitiría no repercutir el IVA a las pymes que facturen menos de 85.000 euros al año.
España ha dejado claro que “no tiene intención” de aplicar esta exención que es “opcional” en nuestro país, pero Bruselas ha indicado que “debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros”. Esto, transponer la directiva para que puedan estar exentos al operar en otros Estados miembros de la UE.
“Esto es necesario ya que, para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas”, explica el organismo europeo.
Por su parte, la segunda directiva que no ha adoptado España contempla disposiciones obligatorias con respecto al lugar de prestación de determinados servicios cuando son retransmitidos o estén disponibles en línea, así como el régimen especial del IVA para productos de segunda mano, trabajos artísticos, antigüedades y artículos de coleccionista.
Sobre la misma, Comisión Europea ha apuntado que el hecho de que España no haya adoptado estas normas “conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la directiva y aplicarán normas diferentes”.
ATA y UTAN celebran la decisión de Bruselas y denuncian “inseguridad legislativa” y discriminación
Las organizaciones de autónomos ATA y UPTA han celebrado la decisión de a Comisión Europea de llevar a España ante el TJUE. “A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida legislativa para trasponer la directiva europea 2020/285. La normativa española carece de un régimen general de franquicia del IVA basado en un umbral de facturación. Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros”, ha denunciado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Según este, la falta de previsión legal de un umbral de exención y la inexistencia de procedimientos de control y registro adaptados a la hora de aplicar de repercutir y liquidar el IVA “son dos de los obstáculos principales que llevan a los autónomos a vivir con inseguridad legislativa”. Asimismo, ha criticado que España está “discriminando” a sus autónomos frente al resto de países europeos, que sí han traspuesto esta directiva, y ha cifrado en mas de 500 euros el ahorro para los autónomos en costes y burocracia si pudieran aplicarse el IVA franquiciado.
Cabe señalar que ATA presentó el pasado diciembre una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea precisamente por la falta de transposición y aplicación de esta directiva. “El Gobierno es lento y perezoso es trasponer directivas que facilitan la labor a los autónomos y pequeños empresarios pero es ágil cuando son directivas que significan recaudar más”, ha apostillado Amor, quien espera que el TJUE se pronuncie cuanto antes.
Por su parte, UPTA también ha señalado en un comunicado que, según estimaciones del sector, más de un millón de autónomos en España podrían beneficiarse de este régimen simplificado del IVA, “lo que supondría un importante alivio administrativo para los profesionales con menor volumen de facturación”.
“El IVA de franquicia no es un capricho ni una medida menor. Es una necesidad para miles de autónomos que llevan años reclamando una fiscalidad más sencilla y adaptada a la realidad de los pequeños negocios, y el Ministerio de Hacienda se equivocó al no ponerlo en marcha cuando ya estaba acordado con las organizaciones representativas del colectivo. El Gobierno debe retomar este compromiso, cumplir con Europa y, sobre todo, cumplir con los autónomos", ha destacado su presidente, Eduardo Abad.
