Uno de los mayores miedos de los propietarios de viviendas es que les okupen sus propiedades, y no solo eso, sino los largos procesos de desahucio que deben esperar para poder recuperar sus viviendas, ya que los okupas en muchas ocasiones se las ingenian para alargar los procesos. En el caso de esta vivienda, parte de las estrategias de los ocupantes ilegales fue usar un perro tipo pitbull, que pusieron junto a la entrada principal de la casa para impedir el acceso de las autoridades.
El caso ha tenido lugar en Perpiñán, al sur de Francia, donde un grupo de personas se instaló sin autorización en una antigua casa. Según informan desde el medio francés Figaro Inmobiler, tres semanas después de que el propietario denunciara la ocupación de la casa, el prefecto de Pirineos Orientales ha firmado una orden de desalojo y asegura que los ocupantes serán expulsados “rápidamente” si no abandonan la vivienda antes del plazo estipulado.
La vivienda, según fuentes municipales, se encontraba en muy mal estado y había sido recientemente adquirida por una promotora inmobiliaria. De hecho, está previsto que el edificio sea demolido para dar paso a una nueva promoción residencial llamada Bel Horizon, impulsada por Bouygues Immobilier y con un plazo de ejecución de dos años.
Un desahucio que llegó tarde y los okupas intentaron frenarlo
En Francia, desde 2023, la ley contra la ocupación ilegal, establece que la prefectura debe responder a las denuncias en un plazo de 48 horas. “Podría considerarse un plazo algo superior a 48 horas, pero eso ignora la gran cantidad de solicitudes similares que gestionamos y el hecho de que esta casa llevaba abandonada muchos años”, explicó el prefecto a Le Figaro.
Durante la inspección policial, los agentes se encontraron con una escena poco habitual: “Un perro tipo pitbull estaba cerca de la puerta, impidiendo el acceso”, según recoge la propia orden de desalojo. El animal habría sido utilizado como medida de intimidación para evitar la entrada de terceros y disuadir a las fuerzas del orden.
La prefectura dio a los okupas un plazo de 7 para que abandonen voluntariamente la vivienda. Este periodo, más extenso que en otros casos, responde a la circunstancia de que la casa no era la residencia habitual del propietario, tal y como prevé la legislación actual.
De no cumplirse este plazo, la administración advierte que “se procederá al desalojo forzoso de todas las personas presentes en la vivienda ocupada ilegalmente”.