Es muy habitual que los padres, para ayudar a sus hijos, decidan donarles una vivienda en vida. Sin embargo, este tipo de decisiones a veces puede volverse en su contra, y eso es justo lo que le ha pasado a una pareja de ancianos en Francia, que después de donar su casa a su hija adoptiva, esta los ha demandado para que los desalojen.
La pareja, de 87 y 85 años, llevaba viviendo en la casa desde hacía más de 20 años, y durante todo ese tiempo incluso habían acogido a casi una treintena de menores en situación de vulnerabilidad. Confiando en que todo quedaría en familia, decidieron donar la vivienda a una de sus hijas adoptivas, con la intención de poder seguir residiendo allí el resto de su vida.
El acuerdo, según informan desde ‘Figaro Inmobilier’ fue simplemente verbal, ambos padres pensaron que el vínculo familiar y la confianza eran suficientes, pero nunca se firmó un contrato notarial que formalizara su derecho de usufructo sobre la casa.
La situación económica de los padres empeoró y la hija decidió desalojarlos
Tras varios años en los que la madre tuvo problemas de salud, el matrimonio empezó a tener problemas económicos y pasaron por dificultades para poder hacer frente a los gastos derivados de la vivienda e impuestos.
La hija, que figuraba como propietaria oficial desde la donación, empezó a recibir reclamaciones por las deudas y decidió poner en venta la vivienda. Al no existir ningún documento legal que garantizara que los padres podían quedarse en la casa, acudió a los tribunales para solicitar el desalojo de los ancianos.
La justicia, en un primer momento, dio la razón a la hija adoptiva por la falta de un acuerdo formal por escrito. El tribunal consideró que, legalmente, los padres eran "ocupantes sin derecho ni título", lo que abría la puerta a su expulsión. El padre expresó públicamente su desesperación. “Pagamos por esta casa y no deberían echarnos como perros. Nos están matando con esta historia. En cualquier caso, no vamos a vivir otros 20 años, solo tienen que esperar un poco”.
Sin embargo, cuando el desalojo parecía inminente, intervino el prefecto (la máxima autoridad local en Francia) y decidió no autorizar la expulsión forzosa. El prefecto argumentó que debía prevalecer el respeto a la dignidad humana y la especial vulnerabilidad de los ancianos, señalando que la madre está hospitalizada y la pareja no tiene otro lugar al que ir. “Retiro la asistencia de la fuerza pública por una simple razón: el principio constitucional de salvaguarda de la dignidad de la persona humana”, explicó.