Es muy habitual que los padres, para ayudar a sus hijos, decidan donarles una vivienda en vida. Sin embargo, este tipo de decisiones a veces puede volverse en su contra, y eso es justo lo que le ha pasado a una pareja de ancianos en Francia, que después de donar su casa a su hija adoptiva, esta los ha demandado para que los desalojen.
La pareja, de 87 y 85 años, llevaba viviendo en la casa desde hacía más de 20 años, y durante todo ese tiempo incluso habían acogido a casi una treintena de menores en situación de vulnerabilidad. Confiando en que todo quedaría en familia, decidieron donar la vivienda a una de sus hijas adoptivas, con la intención de poder seguir residiendo allí el resto de su vida.
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El acuerdo, según informan desde ‘Figaro Inmobilier’ fue simplemente verbal, ambos padres pensaron que el vínculo familiar y la confianza eran suficientes, pero nunca se firmó un contrato notarial que formalizara su derecho de usufructo sobre la casa.
La situación económica de los padres empeoró y la hija decidió desalojarlos
Tras varios años en los que la madre tuvo problemas de salud, el matrimonio empezó a tener problemas económicos y pasaron por dificultades para poder hacer frente a los gastos derivados de la vivienda e impuestos.
La hija, que figuraba como propietaria oficial desde la donación, empezó a recibir reclamaciones por las deudas y decidió poner en venta la vivienda. Al no existir ningún documento legal que garantizara que los padres podían quedarse en la casa, acudió a los tribunales para solicitar el desalojo de los ancianos.
La justicia, en un primer momento, dio la razón a la hija adoptiva por la falta de un acuerdo formal por escrito. El tribunal consideró que, legalmente, los padres eran "ocupantes sin derecho ni título", lo que abría la puerta a su expulsión. El padre expresó públicamente su desesperación. “Pagamos por esta casa y no deberían echarnos como perros. Nos están matando con esta historia. En cualquier caso, no vamos a vivir otros 20 años, solo tienen que esperar un poco”.
Sin embargo, cuando el desalojo parecía inminente, intervino el prefecto (la máxima autoridad local en Francia) y decidió no autorizar la expulsión forzosa. El prefecto argumentó que debía prevalecer el respeto a la dignidad humana y la especial vulnerabilidad de los ancianos, señalando que la madre está hospitalizada y la pareja no tiene otro lugar al que ir. “Retiro la asistencia de la fuerza pública por una simple razón: el principio constitucional de salvaguarda de la dignidad de la persona humana”, explicó.