Ser el propietario de un terreno no da derecho a instalar una casa prefabricada en él, ni siquiera una caravana. Estas requirieron de ciertos permisos municipales y hacerlo sin ellos puede suponer tener problemas legales, incluso teniendo que desinstalarlas. Estas restricciones no se dan solo en España, también pasan en Francia, que es donde una familia que lleva nueve años asentada en su propia parcela han visto como el Ayuntamiento les ha prohibido estacionar sus caravanas en ese terreno, pese a ser de su propiedad.
La familia, compuesta por una pareja y sus cuatro hijos, lleva vivienda casi 10 años en una parcela privada situada a unos diez kilómetros al norte de Nantes. Según recogen desde Figaro Inmobilier, en ella instalaron tres caravanas y desde entonces se dedican a la recolección de chatarra. Sin embargo, en julio de 2024, el ayuntamiento emitió un decreto que les impide estacionar caravanas en ese terreno, alegando que se trata de suelo agrícola y que su uso residencial infringe el Plan Local de Urbanismo Intercomunitario (PLUI).
La alcaldesa, Gwënola Franco (DVD), argumenta que el decreto se aplica por igual a todos. “El hecho de ser propietario de un terreno no significa que se pueda hacer lo que se quiera con él”, explicó. Según sus declaraciones, la familia estaba generando un “desastre ambiental” con residuos de petróleo y metal que se filtraban al suelo, aunque reconoció que actualmente el terreno está “casi completamente limpio”. La alcaldía afirmó haber ofrecido alojamiento alternativo dentro de la comunidad intermunicipal de Erdre et Gesvres, pero la familia se resiste a abandonar el lugar que considera su hogar.
Una medida que está afectando a otras familias
El decreto ha sido denunciado por la Asociación Departamental Gens du Voyage – Citoyens de Loire-Atlantique (ADGVC 44), que interpuso un recurso judicial el 24 de abril. Su abogado, Pierre Huriet, denuncia el carácter “tan general como absoluto” de la norma y su impacto en la seguridad jurídica, no solo de esta familia, sino de cualquier residente del municipio. “Este decreto crea inseguridad para todos los habitantes, no solo para los nómadas”, declaró a Le Figaro.
La diputada Ségolène Amiot (LFI) también ha criticado la medida por su carácter “discriminatorio”. Según reveló Presse Océan, el texto original del decreto hacía referencia explícita a la comunidad nómada, una redacción que fue retirada por el propio consistorio al considerarse excesiva. Amiot considera que la intención del decreto “rozaba el racismo”.
El caso de esta familia no es el único en el municipio. En mayo de 2023, otras dos familias itinerantes fueron desalojadas de terrenos en Vigneux-de-Bretagne después de instalar varias caravanas, conectarse a la red eléctrica y construir zonas de juegos. Según la alcaldesa, en esa ocasión intervino el Defensor de los Derechos, pero el caso fue archivado sin encontrar irregularidades.