El Tribunal de Apelación de Poitiers ha condenado a la empresa de mobiliario francesa, Meubles Celio, a una multa de 15.000 euros a causa del accidente laboral que sufrió uno de sus trabajadores, Yannick Britel en 2020, que le provocó grandes secuelas y una incapacidad laboral permanente.
La sentencia, dictada el pasado martes 23 de diciembre de 2025, confirma el fallo de primera instancia y considera acreditada la negligencia en la gestión de la empresa, representada legalmente por su presidente, Alain Liault. Los magistrados han seguido así el criterio de la Fiscalía y han ratificado la condena impuesta previamente por el Tribunal Penal de Niort en noviembre de 2024.
Además de la sanción económica, la resolución judicial deberá exponerse durante varias semanas en las instalaciones de la entidad, que cuenta con cerca de 200 empleados. No obstante, el tribunal ha rechazado la petición del fiscal de que la sentencia se publique en un medio de comunicación local, tal y como ha recogido el medio francés La Nouvelle République.
Un accidente que “arruinó” su vida
Los hechos se remontan al 22 de septiembre de 2020, cuando un trabajador de entonces poco más de 50 años sufrió un grave accidente mientras desempeñaba su labor en la planta de La Chapelle-Saint-Laurent. Mientras Britel ensamblaba una estructura metálica para almacenar perfiles de aluminio, recibió un golpe en la cabeza y el cuello por una viga de acero que se balanceó desde una carretilla elevadora que estaba manejando en ese momento uno de sus compañeros, que no se percató de su presencia.
Britel, resultó gravemente herido. Durante el juicio relató que el accidente le “arruinó la vida”. Hoy, con 60 años, arrastra importantes secuelas como mareos constantes, dolores de cabeza, pérdida de audición en el oído derecho y una delicada situación económica. En su comparecencia ante el tribunal, tuvo que subir al estrado con ayuda de un andador.
La defensa de la empresa dispone ahora de diez días para recurrir la sentencia ante el Tribunal de Casación. Su abogada, Isabelle Audureau-Rousselot, que había solicitado la absolución alegando una investigación “precipitada”, ha declinado hacer declaraciones tras conocerse el fallo.