Un agricultor jubilado de 75 años amenazó de muerte al alcalde de su localidad por un conflicto que viene desde hace tiempo y ha sido juzgado por ello, siendo castigado con una multa de 300 euros.
“No se debe sacar una frase de contexto, se puede obligar a cualquiera a decir lo que quiera”, declaró el agricultor en el banquillo de los acusados ante el tribunal de Foix este pasado 8 de enero de 2026 y según recoge el medio francés La Depeche.
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Y es que el agricultor profirió amenazas de muerte contra el alcalde de Erp (una región francesa), Jean-Claude Déga, y su teniente de alcalde, Cyril Boineau. Esto tuvo lugar entre el 1 y el 15 de abril de 2025.
Todo comenzó con un conflicto lejano entre el agricultor y el ayuntamiento del municipio. En una carta dirigida al prefecto de Ariége, el acusado escribió: “Es urgente sacar el fusil y el cuchillo para disparar al alcalde y sus dos adjuntos”. Aunque el propio agricultor después admitió que aquella carta la escribió “con cierta precipitación” sin ninguna intención de amenazar realmente.
“¡Esto es un asunto absolutamente extraño!”
Con estas desafiantes palabras, el jubilado solo quiso poner en conocimiento de su situación porque ya no podía soportarla más. “¡Me enfrenté a un procedimiento de expropiación de tierras absolutamente injustificado y a un investigador que me negó el derecho a réplica”!, detalla el septuagenario.
“Es una república, en una democracia el derecho a la defensa es fundamental. ¡Esto es un asunto totalmente absurdo!”, dijo en el debate, antes de ser cortado por el juez.
La respuesta del agricultor fue tajante: “Si soy ciudadano de una república donde no tengo derecho entonces retrocedemos milenios, a una época en la que solo se puede sacar un cuchillo y una pistola”.
Esta interpretación no era compartida por el presidente, quien declaró que “en una república, se puede escribir una carta, impugnar una decisión y luego los tribunales administrativos deciden”. El antiguo campesino se pasó por alto todos estos pasos, dejando claro que “es fácil hablar de la república sin llevarla a cabo”.
El agricultor estaba muy afectado
El septuagenario acabó lamentándose de no haber redactado aquella carta de otra forma y se excusa en que su situación se volvió “insoportable”. El ayuntamiento le expropió el terreno y le dejó sin agua también “durante 30 años”.
“Es una pesadilla”, recuerda.
El teniente de alcalde afirmó que le habían ofrecido soluciones antes de centrarse en la carta. “Me afectó profundamente”, admite. “Asumo este cargo por convicción, no para recibir este tipo de trato”, explicó el teniente de alcalde, pidiendo una disculpa y una indemnización simbólica de 1 euro.
El alcalde, por su parte, afirmó que el jubilado “tiene una fuente de agua en su propiedad” y que él mismo ha sido objeto de falsas acusaciones durante 20 años. Pero tras ver lo lejos que ha llegado esta situación, decidió presentar una denuncia solicitando una indemnización de 100 euros por daños y perjuicios.
“¡Mis acusadores son mis atacantes!”
No hubo lugar para disculpas. Desde el banquillo, el hombre de 70 años se mantuvo firme: "¡Los acusadores son mis agresores! Nunca he amenazado la vida ni la propiedad de estos caballeros. Ellos, en cambio, sí lo han hecho y siguen haciéndolo".
Sin embargo, el fiscal ofreció una versión distinta, recordando unas palabras del acusado durante su declaración ante la policía: "Sepan que si hubiera tenido un arma en casa, el alcalde habría estado en el cementerio hace mucho tiempo".
Una vez más, el acusado defendió que sus palabras fueron interpretadas de forma errónea.
Con ironía, el fiscal comentó: "Quizás malinterpretamos el punto, la coma...", aunque añadió: "No hace falta ser un erudito para entender" que se trataba claramente de una amenaza. A su juicio, amenazar así a cargos públicos resulta "inaceptable".
Por ello, pidió una condena condicional de cuatro meses.
Sin abogado, el antiguo agricultor compareció por última vez ante el juez.
Finalmente recibió una multa de 300 euros
Convencido de que no se había hecho justicia, volvió a reiterar lo que ya había declarado ante la policía y lo que había señalado el representante estatal: "Quise decir que privar deliberadamente de agua a un residente es un acto de extrema violencia. ¡Estos señores dieron agua a todas partes de mi casa, incluso a las vacas! Dije que esta violencia es tal que retaría a cualquiera a soportarla sin tomar represalias contra los perpetradores".
De nuevo, se trata de un análisis muy personal. Aunque el jubilado logra evitar una pena de prisión condicional, se le impone una multa de 300 euros y se le ordena abonar a la parte civil las cantidades reclamadas.