Un hombre que se dedica a la agricultura decidió por cuenta propia echar abajo un molino eólico de nada más y nada menos que 37 toneladas que se encontraba instalado en sus tierras, en la localidad de Krummhörn, en Frisia Oriental (Alemania). Lo hizo el pasado 9 de agosto, con la ayuda de varios tractores y un sistema de cuerdas fabricado por él.
Según el distrito alemán de Aurich, la demolición no estaba autorizada, por lo que han abierto una investigación contra este agricultor. La escena fue grabada por algunas personas que estaban allí y se ha viralizado por redes sociales, abriendo un debate cada vez más importante en las zonas rurales: el aumento de la negativa de muchos trabajadores de la tierra a instalar determinadas infraestructuras energéticas que dañan el terreno o crean cierto impacto visual. Esto no es así siempre, ya que hay otros casos de agricultores que sí prefieren instalar molinos eólicos o campos de placas solares antes que seguir cultivando, como el de José Portillo, debido a los precios tan bajos y a la poca rentabilidad que le sacan a los cultivos hoy en día.
Las grabaciones enseñan el momento en que la estructura de acero comienza a doblarse despacio hasta desplomarse por completo, provocando un fuerte ruido que se podía escuchar a varios kilómetros. Se trata de una escena poco frecuente en un país donde el desmontaje de aerogeneradores suele quedar en manos de compañías especializadas, lo que provocó una rápida reacción tanto entre los vecinos como entre responsables políticos.
El dueño de la finca defiende que su actuación no era ilegal. Asegura que el ayuntamiento le otorgó un permiso para la demolición y que, antes de iniciar los trabajos, se extrajeron los líquidos del aerogenerador para prevenir posibles daños ambientales. Desde el distrito de Aurich rechazan esa explicación. Sus responsables sostienen que la intervención “no fue profesional ni estaba autorizada” y recuerdan que ya había un contrato firmado con una empresa especializada para llevar a cabo el desmontaje conforme a los protocolos de seguridad.
El desacuerdo ha derivado en un conflicto administrativo y judicial. La autoridad distrital ha ordenado la restauración del terreno y la retirada de los restos siguiendo los procedimientos establecidos, mientras que la policía investiga si el permiso alegado existía realmente y si la demolición incumplió la normativa vigente. El suceso ha reavivado un debate más amplio sobre la gestión de este tipo de infraestructuras en zonas agrícolas.
Un vídeo viral que aviva la polémica
Las reacciones fueron inmediatas. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de respaldo al agricultor y también las críticas a la manera en que se llevó a cabo el derribo. El exdiputado alemán Ralf Dekker escribió: “Es hermoso verlo”, mientras que el expsicólogo Steve van Herreweghe señaló: “No puedo evitar disfrutar esto. Desháganse de esas cosas horribles, feas y destructivas”. Comentarios que reflejan un sentir cada vez más presente en parte del ámbito rural europeo.
Ese descontento se ha ido acentuando en los últimos años con la expansión de los parques eólicos. Para determinados sectores, estas enormes instalaciones suponen una alteración significativa del paisaje y una presión añadida sobre la agricultura y la ganadería.
Conflictos similares en España por el avance de las renovables
Lo ocurrido en Alemania coincide con un aumento de las tensiones en torno a las energías renovables en España, donde ya hay más de 22.000 aerogeneradores en funcionamiento y alrededor de 50.000 hectáreas de plantas solares. Agricultores, ganaderos y plataformas ciudadanas alertan de una planificación deficiente y de un impacto ambiental creciente, con cálculos que apuntan a hasta 4,6 millones de aves muertas cada año por chocar con estas estructuras.
En Andalucía, la implantación de grandes instalaciones solares sobre suelos agrícolas de alto valor productivo ha provocado un enfrentamiento directo entre productores y promotores. En Lopera (Jaén), una macrocausa judicial intenta frenar la tala de más de 100.000 olivos centenarios. Organizaciones como SOS Rural exigen priorizar espacios ya degradados para estos proyectos y evitar un daño que califican de “irreversible” para el medio rural.
El Maestrazgo, entre Teruel y Castellón, también se ha convertido en un referente de la oposición a los megaproyectos energéticos. En esta comarca, la propuesta de instalar 125 aerogeneradores de 200 metros de altura ha generado una fuerte movilización vecinal. Según sondeos locales, más del 80 % de la población se muestra en contra, advirtiendo de impactos ambientales, pérdida del paisaje tradicional y una escasa participación ciudadana en las decisiones.
El episodio de Krummhörn, aunque puntual, se enmarca en una tensión cada vez mayor entre la necesidad de acelerar la transición energética y la obligación de proteger el territorio y a quienes dependen de él. El proceso judicial será ahora determinante para esclarecer si el derribo estuvo amparado por la ley o si se trató de una actuación irregular con posibles consecuencias de futuro.