La empresa pública de transporte Renfe ha puesto en marcha una licitación valorada en casi 1.000 millones de euros para garantizar el transporte de viajeros por carretera cuando el tráfico ferroviario se interrumpe por obras, incidencias o fenómenos meteorológicos. Algo que ha venido ocurriendo con demasiada frecuencia en los últimos años y que ha supuesto grandes sobrecostes a la compañía de trenes. El contrato, que llega hasta los 923,3 millones de euros sin IVA, contempla la creación de una empresa conjunta con un operador de autobuses que permita disponer de flotas y conductores de forma estable para cubrir estos servicios alternativos. Es por eso que grandes empresas de autobuses españolas como son Alsa o Avanza, se postulan como las principales candidatas a llevárselo.
Este contrato público llega poco después de que el Ministerio de Transportes respondiera a las huelgas de Renfe y Adif con un contrato histórico que comprende 3.600 nuevos empleos para las compañías y hasta 1.800 millones de inversión.
El acuerdo tendrá una duración total de 15 años. Inicialmente se firmará por 10 años con un valor estimado de 588 millones de euros, aunque el contrato incluye la posibilidad de prorrogarlo cinco años adicionales, lo que elevaría su cuantía hasta los más de 923 millones, según ha podido consultar Europa Press.
La fórmula planteada por Renfe pasa por constituir una nueva sociedad participada, en la que la empresa de autobuses elegida controlará el 51% del capital, mientras que la operadora ferroviaria pública conservará el 49% restante. El objetivo es contar con una estructura permanente que permita activar con rapidez los llamados planes de transporte alternativo por carretera (PAT) cuando los trenes no pueden circular y es necesario trasladar a los viajeros en autobús hasta su destino final.
Un contrato diseñado para grandes compañías como Alsa o Avanza
Los requisitos fijados en la licitación apuntan a que el concurso esté dirigido principalmente a grandes empresas del sector del autobús. Entre las condiciones económicas se exige que las compañías interesadas acrediten una facturación mínima de 75 millones de euros en alguno de los tres últimos ejercicios, además de disponer de una flota de al menos 500 autobuses en propiedad, o 300 en caso de estar en un consorcio.
Estas exigencias dejan fuera a buena parte de las pequeñas y medianas empresas del sector, que han mostrado su malestar por el planteamiento del concurso. Fuentes cercanas a las pymes recuerdan que muchas de ellas ya participan actualmente en los servicios alternativos por carretera y temen que, si el contrato se adjudica a un gran operador, su papel quede reducido a subcontratas de la empresa principal.
Entre las compañías que podrían optar al contrato se encuentran grandes operadores como Avanza, que ya ha confirmado su intención de presentar candidatura, o Alsa, que también cumple los requisitos establecidos en el pliego.
El objetivo es garantizar disponibilidad y reducir costes
Desde Renfe defienden que la dimensión del contrato responde a la necesidad de asegurar la disponibilidad de autobuses incluso en momentos de alta demanda, como grandes incidencias en la red ferroviaria o periodos de obras en infraestructuras.
Además, la operadora calcula que el nuevo modelo permitirá ahorrar hasta 195 millones de euros en un periodo de 15 años en comparación con el sistema actual de contratación de servicios alternativos por carretera, basado en acuerdos más fragmentados con diferentes operadores.
La iniciativa se enmarca en la estrategia de la compañía para reforzar la respuesta ante incidencias en la red ferroviaria, especialmente en un contexto de creciente tráfico de alta velocidad y de incremento de obras de modernización en las infraestructuras ferroviarias españolas.