Masiva manifestación en Madrid por el destrozo del Gobierno de España ¿Qué piden los trabajadores del campo?

El sector agrario también alza la voz contra el Gobierno en una masiva manifestación en Madrid para pedir “respeto” y reivindicar medidas urgentes para otro colectivo laboral que se ve ahogado por la desmesurada inflación y sus consecuentes sobrecostes. Medidas que se resumen básicamente en el incremento de los costes de producción y sobrecoste eléctrico. Todavía no ha llegado a rango de huelga, pero el ruido generado por un sector que pide futuro añade otro dolor de cabeza al Ejecutivo.

Las mismas que se encargaron de pregonar ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una marejada de agricultores, ganaderos, cazadores, regantes y criadores de toro de lidia de toda España, además perros, burros o tractores, se congregaron este domingo en Madrid en la multitudinaria manifestación '20M Juntos por el campo', datada en la ‘batalla de cifras’ en 400.000 asistentes por las organizaciones convocantes y en 150.000 por el Gobierno.

Asaja, UPA, COAG y las Cooperativas Agroalimentarias, junto a la Federación Española de Caza, la Asociación de Ganaderos de Razas Selectas, los Criadores de Toros de Lidia y la asociación Alianza Rural, las plataformas convocantes, rozaron una movilización histórica, tras los 500.000 asistentes estimados en la llamada “Marcha Verde” de los años noventa, que viene a unificar la crispación autonómica.

¿Qué piden los manifestantes del mundo rural y agraria y ganadera?

La guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia y sus consecuencias en el sobrecoste de materias y productos básicos ha sido la gota que ha colmado el vaso de un sector que se ha ido llenando recientemente con reclamaciones históricas que se capitulan en diez, y que, de no satisfacerse, afirman poner en peligro de muerte a la actividad agrícola y a las explotaciones ganaderas. "Si aumentan el precio, nadie compra los productos y acaban quebrando. Una espiral de la que temen no poder salir si la situación continúa", explicaba a modo de resumen uno de los manifestantes.

Sobrecostes desmesurados en los medios de producción. No sale rentable trabajar, concluyen. El aumento del 50% del precio de los piensos, del 100% en los fertilizantes y del 200% en la energía han aumentado en casi un 20% en tan solo diez años los sobrecostes, que obliga a reducir gastos en plantilla, o, en casos más extremos, para o cerrar la actividad.

La Ley de la Cadena Alimentaria, incumplida. Los precios de venta en origen deben cubrir los costes de producción. O deberían. Porque no está pasando. Por la falta de controles, aluden, y también por el desequilibrio de poder entre quien compra, las industrias y la distribución, y los agricultores y ganaderos, que además, cuentan con el hándicap de que su producto es perecedero. Se reclama elaborar semanalmente los índices de los precios de coste para facilitar su cumplimiento.

Equilibrio entre el mundo rural y el urbano. Se reclaman los mismos servicios. Entre otras cosas, impuestos acordes con los servicios del lugar y apoyo a inversiones para atraer más población.

Beneficios fiscales. Rebaja del 35% en la factura del gasóleo y del 15% para plásticos y fertilizantes a efectos del IRPF. Además, se pide negociar, y que el Gobierno no decida unilateralmente, como la reducción del 20% en el sistema de módulos, créditos y avales a causa de la sequía.

Garantía legal en materia de bienestar animal y medio ambiente. Implantación de normativas e inversiones progresivas a este respecto y frente al cambio climático.

Políticas de atracción dirigidas a la captación de talento joven al mundo rural y a la actividad agraria. Es decir, rentabilidad para las explotaciones y servicios. Además, se reclama también modelos eficientes de regadíos y que se puedan establecer un doble contrato con las eléctricas, según temporada.

Reforma de la ‘reforma laboral’. Adaptación real y eficiente de la temporalidad y estacionalidad propias del sector a una base legal y específica de contratación.

Una política verde que no penalice. Se pide una nueva política Agraria Común (PAC) y plan estratégico que no salga ‘a pagar’.

Reformulación de los Seguros Agrarios. Los fondos del Ministerio de Agricultura no cubren el aumento de las primas de las compañías aseguradoras, que también han reducido las bonificaciones, tras el aumento de la siniestralidad y las indemnizaciones.

Rechazo a la distribución y al comercio exterior.  Se condena vender los productos a precio de oferta por el contexto del mercado y las importaciones baratas, que inciden en la reducción de los precios de origen y en las ventas a pérdidas.