En muchos edificios, el garaje es un espacio destinado exclusivamente al estacionamiento de vehículos. Sin embargo, hay ocasiones en las que un propietario se plantea aprovechar su plaza de forma privada para guardar muebles viejos, cajas de cartón, neumáticos o incluso productos inflamables, convirtiendo su espacio de aparcamiento en un trastero improvisado.
Y es que, aunque pueda parecer una solución práctica para la falta de espacio en casa, la ley es muy clara al respecto. La Ley de Propiedad Horizontal, que regula la convivencia y las normas dentro de las comunidades de vecinos en España, establece límites estrictos sobre lo que un propietario puede y no puede hacer en los elementos arquitectónicos del inmueble.
El artículo 7 y el uso del espacio
Según el artículo 7.1 de esta normativa, el propietario de una plaza de garaje puede modificar sus instalaciones siempre que no menoscabe la seguridad del edificio, su estructura general o su configuración exterior.
Sin embargo, este mismo artículo subraya que el resto del inmueble, incluyendo las zonas comunes de tránsito del garaje, no podrá realizar alteración alguna.
El problema surge con el artículo 7.2, que prohibe taxativamente al propietario u ocupante desarrollar actividades que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
El almacenamiento de enseres en el garaje suele considerarse una actividad peligrosa (por el riesgo de incendio) o molesta para el resto de la comunidad, además de contravenir frecuentemente en los estatutos que definen el uso de la plaza únicamente para vehículos.
El proceso de denuncia y la orden de vaciado
Si un vecino ignora las normas y utiliza su plaza como trastero, el primer paso es el requerimiento previo. El presidente de la comunidad, ya sea por iniciativa propia o porque otro propietario se lo pida, debe exigirle formalmente que deje de realizar esa actividad y vacíe la plaza de inmediato.
En este aviso se le advierte claramente de que, si no lo hace, la comunidad iniciará acciones judiciales. Si el propietario decide ignorar este aviso y persiste en su conducta, el presidente, tras recibir la autorización de la junta de propietarios, podrá interponer una acción de cesación a través de un juicio ordinario para que sea la justicia la que intervenga.
Orden judicial y prohibición de la plaza de garaje
Una vez que la demanda llega al juzgado, las consecuencias pueden ser muy serias. El juez tiene la potestad de dictar medidas cautelares para obligar al cese inmediato del uso indebido del garaje incluso antes de que termine el juicio.
Si finalmente la sentencia es condenatoria, el infractor no solo será obligado al vaciado completo y al pago de los daños y perjuicios ocasionados, sino que podría enfrentarse a una sanción ejemplar: la privación del derecho al uso de su plaza de garaje por un periodo de hasta tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción y las molestias causadas al resto de vecinos.
Es importante entender que, aunque se sea dueño de la plaza, el garaje forma parte del conjunto del edificio. Los expertos dejan claro que estos espacios deben usarse con responsabilidad y pensando en la seguridad colectiva, ya que el incumplimiento de estas normas de convivencia puede acabar con una orden judicial de lanzamiento y la prohibición de uso del espacio privado.