El PP reta al Gobierno: no aplicará la ley de vivienda en sus cinco autonomías

Pulso del PP al Gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos. Aún sin aras de oficialidad, la ley de vivienda cuyo bloqueo oficial de nueve meses ha comprometido a considerables niveles los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, ya genera controversia. Por la avalancha de solicitudes del bono joven que se avecina debido a los, momentáneos, laxos requisitos que comprometen la economía y la rebeldía frente a ella.

La oposición, concretamente Pablo Casado, ha tomado la bandera de ello. El líder de la formación azul mostró una oposición frontal al incipiente documento legislativo que todavía tiene que pasar por Consejo de Ministros para su aprobación. Horas después de su anuncio, la calificó de “intervencionista suicida” y anunció, no solo que no la aplicarán en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobiernen, si no que recurrirán al Tribunal Constitucional.

Y no son pocas ni pequeñas. Casi la mitad de España. Cinco comunidades autónomas que aglutinan más de 21 millones de ciudadanos, Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia, y cuatro de las ocho grandes capitales de España están teñidas de azul. Un país, por tanto, que vivirá dos realidades en materia de vivienda y que puede verse sumido en el desconcierto.

La letra pequeña de la ley de vivienda

¿Pueden oponerse las autonomías y ayuntamiento donde gobierna el PP a desobedecer una ley? De facto, no. Pero la letra pequeña de la ley de vivienda es la rendija en la puerta por la que se va a escapar el bloque de Pablo Casado. La misma afirma que necesita del acuerdo y colaboración de las administraciones. Es decir, no es de aplicación directa.

Delega sus competencias de aplicación a comunidades autónomas y ayuntamientos. Es decir, serán labor de las autonomías la declaración de ‘zona tensionada’ (cuando los precios hayan crecido más allá de lo considerado razonable) necesaria para aplicar la regulación de los precios de los alquileres. Una de sus principales medidas. La otra, además del mencionado bono joven, es la del recargo de hasta el 150% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías de propietarios que tengan cuatro o mas inmuebles.

La particularidad, y un punto clave de la nueva norma legislativa, es la diferenciación entre grandes y pequeños propietarios, a los que afectará de forma diferente ese tope a los precios del alquiler. Los primeros, ya sean particulares o empresas, son aquellos que tienen en posesión diez o más de diez viviendas y son los que verán regulados sus precios. Para el resto, se hará mediante incentivos fiscales.

“El Gobierno puede interferir en tu propiedad privada”

Pablo Casado tomó el testigo y le correspondieron sus homólogos autonómicos de partido. Es un “mensaje de inseguridad jurídica” espetó sobre la ley, de la que afirmó que “el Gobierno puede interferir en tu propiedad privada. Este intervencionismo es suicida porque va a haber menos pisos en alquiler”, afirmó en Telecinco, donde mostró su agrado ante el bono joven. Feijóo, presidente de Galicia, habló de ella como “atropello”, mientras que Fernando López, en el cargo murciano, usó el término “ley comunista”.

Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, fue uno de los primeros en mostrar su rechazo hace meses. La presidenta calificó la ley como un “ataque” a las economías familiares que provoca “miedo” y “limita la libertad”. Más allá fue la consejera de Medioambiente, Vivienda y Agricultura madrileña: “Es de una enorme gravedad”, al tiempo que culpó a Pedro Sánchez de plegarse ante las peticiones “más radicales de Podemos”: “El sectarismo ideológico no puede poner en riesgo los ahorros de toda una vida de una familia invertidos en un piso”.

PNV, ERC y hasta el PSOE de Extremadura también dudan

Pero no solo tiene que ver con colores políticos o corrientes ideológicas. Otras formaciones también parecen sumarse en un principio a la sublevación liderada por Casado. ERC, en Cataluña, planea recurrir la ley. Hay cuentas pendientes después de que el Gobierno recurriera la ley de alquileres catalana aludiendo invasión de competencias estatales. Mismo caso de PNV, en el País Vasco. E incluso el propio PSOE de Extremadura la mira con recelo tras afirmar no haber sido consultado.