El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este martes contra la decisión del Gobierno de iniciar la tramitación urgente de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular. A su juicio, la iniciativa supone “regalar la residencia legal a cualquier persona que esté en el país” y afectaría, según sus cálculos, a unas 850.000 personas.
Feijóo realizó estas declaraciones durante un acto de campaña con motivo de las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero, celebrado en Figueruelas (Zaragoza). Allí calificó el plan del Ejecutivo de “masivo e improvisado”, además de “inhumano e indecente”, y cuestionó tanto su encaje en la normativa europea como el procedimiento elegido para sacarlo adelante.
En su opinión, una medida de este alcance debería contar con el aval del Congreso de los Diputados y no aprobarse por la vía del real decreto.
“Efecto llamada” y aumento del censo
El líder del PP advirtió de que la regularización podría generar un “efecto llamada”. Según expuso, las 850.000 personas en situación irregular que podrían acceder a la residencia legal se sumarían a los dos millones de ciudadanos nacionalizados e incorporados al censo en los últimos años a través de la denominada ley de nietos. “Dar vía libre a todo eso es una irresponsabilidad”, afirmó.
Feijóo defendió que cualquier proceso de regularización debe ser “individualizado y condicionado caso a caso” y rechazó lo que describió como “una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de poder residir en nuestro país”. En este contexto, subrayó que en la actualidad un 20% de la población española es de origen inmigrante, una cifra en la que incluye al 5% de ciudadanos nacidos en España hijos de migrantes.
Según el dirigente popular, la población migrante ha crecido “un 68%” desde que gobierna Pedro Sánchez. A ese incremento, añadió, se sumaría ahora la regularización extraordinaria y un aumento adicional derivado de la reagrupación familiar, que cifró en “centenares de personas más”.
El presidente del PP también vinculó la iniciativa del Gobierno con la agenda política del Ejecutivo y negó que sirva para desviar la atención de otros problemas. “Pero si cree que se va a dejar de hablar de las negligencias ferroviarias por esa inmigración irregular, se equivoca”, dijo en referencia al jefe del Ejecutivo, antes de insistir en que Sánchez “no tiene derecho” a incrementar el censo español “con casi tres millones de personas más”.
La regularización extraordinaria debe cumplir unos requisitos
Frente a las críticas de Feijóo, la propuesta de regularización impulsada por el Gobierno no implica una concesión automática de la residencia. El plan establece requisitos concretos que deben cumplirse para poder acogerse al proceso. Entre ellos figuran acreditar la permanencia continuada en España durante un periodo determinado, carecer de antecedentes penales en el país de origen y en España, y demostrar vínculos laborales, sociales o familiares, como una oferta de empleo o un informe de arraigo emitido por los servicios sociales.
En cualquier caso, tampoco implicaría la concesión de la nacionalidad española, un procedimiento distinto y sometido a otros requisitos. El permiso de residencia permite vivir y trabajar legalmente en España, pero no otorga el derecho de voto en las elecciones generales, reservado a quienes tienen la nacionalidad.
Además, el procedimiento sería administrativo e individual, sujeto a comprobación por parte de la Administración, y no una regularización colectiva sin condiciones. El Ejecutivo defiende que la medida busca dar respuesta a situaciones ya existentes de personas que viven y trabajan en España sin papeles, así como aflorar empleo sumergido y reforzar la protección de derechos básicos, en línea con otros procesos similares realizados en etapas anteriores.