El Consejo de Ministros extraordinario ha comenzado este viernes pasadas las 11.30 horas, más de dos horas después de la hora prevista, tras la negativa de Sumar a dar comienzo a la reunión si no se incluían la prórroga de los contratos de alquiler y mecanismos de control de los márgenes empresariales en el decreto anticrisis por la guerra de Irán.
El desbloqueo se ha producido después de una negociación directa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha permitido avanzar en un posible acuerdo, aunque, según fuentes de Sumar, aún "quedan flecos por cerrar" que se abordarán durante la propia reunión.
Choque en el Gobierno por el alcance del decreto
La tensión pone de manifiesto las diferencias estratégicas en el seno del Ejecutivo sobre el alcance del paquete de medidas. Sumar ha defendido incluir iniciativas para contener el precio de la vivienda y evitar beneficios empresariales extraordinarios, mientras que el ala socialista había apostado por centrar el decreto en el ámbito energético y fiscal. El socio minoritario se suma así a las presiones ejercidas por ERC para incorporar esta medida al texto.
El retraso del Consejo, que debía comenzar a las 9.30, refleja la tensión entre el Gobierno de coalición. Desde el espacio que lidera Díaz se considera que limitar la respuesta a rebajas fiscales sería insuficiente. "Esto no puede ser un mero decreto de rebaja de impuestos", han insistido fuentes del partido en las últimas horas.
En esa línea, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reprochado al PSOE que se "escuda excesivamente en las derechas" al descartar medidas de vivienda para facilitar el apoyo parlamentario de formaciones como PNV o Junts, que ya habían advertido de su rechazo a un texto 'ómnibus'.
El equilibrio parlamentario es, de hecho, uno de los condicionantes clave. El Gobierno busca garantizar la convalidación del decreto la próxima semana en el Congreso, lo que explica la resistencia socialista a incluir elementos que puedan dificultar el respaldo de socios habituales.
Medidas energéticas y fiscales en negociación
Las medidas que ya había adelantado el Ejecutivo que incluiría en el paquete anticrisis, incluyen la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, así como reducciones fiscales en electricidad, mejoras en el bono social y garantías de suministro para amortiguar el impacto energético del conflicto. Estas iniciativas recuerdan parcialmente a las adoptadas en 2022 tras la invasión de Ucrania, aunque con un enfoque distinto al de la bonificación universal al combustible aplicada entonces.