El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puede que haya tomado la peor decisión de este 2021. Tras una pandemia, dos ciberataques y cientos de miles de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) sin tramitar ahora han decidido prescindir del 20 por ciento de la plantilla.
La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta, Yolanda Díaz confirmó hace unos días que 1.500 trabajadores en función de interinos no serían renovados. Una decisión con la que no esta de acuerdo la ministra y que ha chocado de lleno en el Gobierno. De hecho Yolanda Díaz ha tenido ya varios encontronazos con Pedro Sánchez con esta decisión.
Consecuencias desastrosas para el cobro de prestaciones y el sistema de cita previa
Cuando se prescinde del 20 por ciento de la plantilla concordando con las vacaciones de verano trae severas consecuencias. Por un lado, que las prestaciones por desempleo, subsidios y ERTE no se puedan tramitar a tiempo, lo que puede provocar que miles de desempleados se queden sin cobrar su prestación y lo que es más importante, su dinero.
Al igual que el sistema de protección contra el desempleo, fallará el resto de trámites que tiene el Servicio Público de Empleo. Algunos de estos trámites son la cita previa del SEPE. Al contar con menos personal, las citas que se gestionan por internet y por teléfono sufrirán severos retrasos, ya que al contar con menos personal el sistema dará un menor número de cita. Esto provoca que al existir menos cita se tramiten menos expedientes.
El resultado puede ser el mismo que vino hace menos de un año donde, retrasos en meses para cobrar la prestación, sin citas previas y llegando a existir un mercado negro de venta de citas al igual que ocurrió para las gestiones de extranjería.
Desde los principales sindicatos cómo CSIF, CCOO o UGT reclama al Ministerio de Trabajo y Economía Social que tomen medidas al respeto. La crisis del Covid-19 nos ha provocado un cambio importante en la economía de los españoles y por ello ahora más que nunca se necesitan de profesionales que puedan gestionar las prestaciones por desempleo de casi cuatro millones de desempleados en España.
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