Las camareras de piso son el motor invisible del turismo español. Aunque no salgan en las fotos de los hoteles ni en las campañas publicitarias, son ellas las que dejan las habitaciones impecables, cambian las sábanas, vacían papeleras y arrastran carros que pesan más que una maleta llena.
Se estima que en España hay alrededor de 100.000 camareras de piso, la mayoría mujeres que sostienen la ‘cara limpia’ de un sector que emplea a más de 1,8 millones de personas en hostelería. Sin ellas, el turismo simplemente no funcionaría.
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Pero detrás de esa limpieza perfecta hay un precio físico muy alto. Muchas trabajan sin apenas descansos, con lesiones crónicas y unos sueldos que no reflejan el esfuerzo de limpiar hasta 30 habitaciones por día.
“Dejé de trabajar a los 57 años”
Una de esas camareras, que ha preferido mantenerse en el anonimato, no dudó en contar su historia a la abogada María Fernández, quien no dudó en compartir el testimonio a través de redes sociales. “He trabajado durante 43 años de camarera de piso y claro, con tanto esfuerzo y trabajo llegó un momento en el que tenía la rodilla fatal y me tuvieron que poner prótesis de rodilla”, explica.
Después de más de cuatro décadas de trabajo, la rodilla no aguantó más. “Me dieron una incapacidad laboral y dejé de trabajar a los 57 años”, detalla la afectada.
Para muchas limpiadoras de hotel, la jubilación no es una decisión, sino una imposición del propio cuerpo humano. La rodilla, la espalda, el cuello, las manos… todo se resiente después de años de subir y bajar escaleras, empujar carros, cargar sábanas y limpiar hasta el rincón más escondido de la habitación.
Un trabajo invisible
Desde 2016, las camareras de piso se han organizado en asociaciones. Desde 2018, muchas están sindicalizadas y han logrado poner sobre la mesa un debate que antes nadie quería escuchar: el de un trabajo que, aunque es invisible, es físico y altamente desgastante.
Y es que el colectivo de ‘Las Kelly’s lleva años pidiendo que se reconozca oficialmente el trabajo de camarera de piso como un ‘trabajo penoso’, que se realicen estudios ergonómicos y psicosociales y que se limiten las cargas de trabajo. Sin esos estudios no se reconen las condiciones reales de su jornada y, por lo tanto, no se ajustan las normas para protegerlas.
Además, también reclaman que se prohíba la externalización masiva, que muchas veces implica salarios más bajos, menos seguridad y menos derechos. La llamada ‘Ley Kelly’ busca precisamente eso: reconocer enfermedades profesionales, limitar la carga de trabajo y garantizar derechos laborales básicos.