Los guardias civiles que prometieron “derramar” su sangre contra la amnistía, expedientados: ¿pueden también expulsarlos?

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ordenado abrir expediente por “falta muy grave” a los tres miembros del cuerpo que realizaron varias manifestaciones contra el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye la polémica Ley de Amnistía. Dos de ellos pertenecen a la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc), minoritaria pero con implantación en la escala de mando del instituto armado, que difundieron un comunicado donde, entre otras afirmaciones, se comprometieron “a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”.

El tercer expedientado es el portavoz de Justicia para la Guardia Civil (Jucil), mayoritaria entre los agentes, por lanzar un mensaje en ‘X’ donde acusaba a Pedro Sánchez de cometer “la mayor felonía” por defender el acuerdo con Junts ante el Comité Federal del PSOE. Todas estas afirmaciones, defiende la Dirección General de la Guardia Civil, quebrantan el principio de neutralidad política que deben de seguir obligatoriamente los miembros del cuerpo. 

Una obligación que recoge el preámbulo y el artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 1988, así como en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de 2007. En esta última, se recoge como falta muy grave “la violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional”. Por este motivo, el director general ha ordenado abrir expediente a los tres agentes y apartarlos cautelarmente del servicio durante tres meses desde que se resuelve el expediente.

Al respecto, el pasado martes Jucil difundió un comunicado, que recoge EFE, insistiendo en la necesidad de mantener y respetar la libertad de expresión frente a los intentos de acallar a una asociación y acusa al director general del cuerpo de querer “controlar la resistencia que se ha desplegado en la sociedad”. “Nos quieren callados y para ello recurren a argumentos que recuerdan trasnochadas purgas políticas que parecían afortunadamente superadas en la España democrática”, defendían desde la asociación.

¿Cuáles son las sanciones que pueden imponer a los agentes expedientados?

Tras la investigación, estando ahora los agentes suspendidos de empleo y sueldo, los expedientes pueden derivar en propuesta de sanción o bien ser archivados. En el caso de que se cumpla el primer escenario, y se resuelvan por sanción por falta muy grave, podría suponer desde la suspensión de empleo y sueldo en un periodo de entre tres meses y un día hasta un máximo de seis años; hasta perder puestos en el escalafón o, incluso, la expulsión de los tres agentes. 

‘La última barrera ante la derrota del imperio de la ley’, comunicado de Aprogc

Como se ha explicado, dos de los agentes pertenecían a Aprogc, que lanzaron un comunicado bajo el nombre ‘La última barrera ante la derrota del imperio de la ley’. En él, expresaban que “el artículo 104 de la Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana” y que, en segundo lugar, “la forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como militares que somos: estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional”. 

También acusa al Gobierno de emprender “purgas políticas” dentro de la Guardia Civil para infundir “miedo a hablar” y que habría llevado al cese de “al menos seis coroneles y dos tenientes coroneles”. También hacen alusiones a la anterior amnistía, de 1977, expresando que “desde el punto de vista de la seguridad pública, cabe reseñar que la historia evidenció hace 46 años que la amnistía a condenados por terrorismo no hizo más que reafirmar su vocación y aumentó el número de atentados [en alusión a ETA]. Los antecedentes en ciencia policial no animan precisamente a descartar una nueva crisis de convivencia y quiebra del Código Penal en todas sus posibilidades en Cataluña”. 

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ordenó a la Jefatura de Información del Cuerpo identificar a los miembros de Aprogc responsables del comunicado, derivando en la anterior actuación. Por su parte, el portavoz de dicha asociación, Francisco Pajuelo, aseguró a ‘El País’ que se había “malinterpretado” el comunicado.