La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió la semana pasada de una “deficiencia estructural” en la gestión de las bajas médicas en España. Aunque el problema se expande a todas las comunidades, en el mismo informe recogieron que Navarra, Cataluña y el País Vasco son las que registran una mayor tasa de incidencia de incapacidad temporal por contingencias comunes (donde se incluye la mayoría de bajas por salud mental).
Una de ellas, Cataluña, ha presentado una propuesta para atajar este problema que ha generado controversia. ¿En qué consiste? La Conselleria de Salud de la Generalitat quiere condicionar parte del presupuesto de los equipos de atención primaria a que no prescriban un exceso de días de baja laboral a los pacientes con patologías de salud mental y osteomusculares, pero defiende que los criterios se fijarán “bajo criterio médico”.
Así lo ha podido saber ‘SER Catalunya’, quienes informan que la medida forma parte del catálogo de objetivos para 2026 de la contraprestación de resultados del CatSalut. Estos incentivos no afectarían al presupuesto base que recibe cada centro sanitario para mantener su actividad habitual, pero sí condiciona hasta un 5% los recursos económicos de los que dispone cada Centro de Atención Primaria (CAP).
El objetivo sería reducir la duración media de las bajas de salud mental y osteomusculares, detallando que los indicadores de referencia se fijarán siempre bajo criterio clínico, buscando evitar bajas sin diagnóstico y demoras en visitas. En este sentido, desde la Generalitat defienden que muchas personas están meses de baja “porque las pruebas tardan demasiado” y si las pruebas son más rápidas, el diagnóstico llega antes y, por ende, el tratamiento también, lo que permitiría que las incapacidades temporales tengan una duración adecuada.
Sobre esta duración adecuada, señalan que los tiempos los marca la Seguridad Social “según criterios médicos y tablas oficiales”.
Pérdida de confianza y de recursos
Plataformas de profesionales como el Fòrum Català de l’Atenció Primària (FoCap) y La Capçalera han impulsado un manifiesto para reclamar a la que Conselleria de Salud que retire la medida. La vocal de FoCap, como recoge el citado medio, ha denunciado que se trata de “una coacción económica que romperá la confianza médico-paciente” ya que estos pensarán que el médico “no es ecuánime a la hora de evaluar su capacidad para reincorporarse al trabajo”.
Asimismo, ha advertido de que va en contra del código deontológico, “porque no se puede realizar un acto médico en función de si te darán o no un dinero”, además de que supondría una pérdida de recursos para los centros sanitarios, debido a que “será casi imposible” ajustar las bajas a la duración adecuada que marcan los manuales.
Del mismo modo, los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y la CUP registraron el pasado miércoles una petición de comparecencia de la consellera de Salud, Olga Pané, para explicar la introducción de dichos objetivos.