Los trabajadores afectados por un despido colectivo aumentaron en un 66,7% el pasado mes de mayo, en comparación con el año anterior. En total, fueron 3.413 personas empleadas las afectadas. Al contrario, el número de trabajadores afectados por suspensiones de contrato o reducción de jornada bajó un 13,8%, hasta las 5.937 personas.
Así se desprende de los datos provisionales del Ministerio de Trabajo que han sido recopilados por Europa Press, donde también se recoge que, sumando los tres tipos de procedimientos, los empleados afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas, subieron hasta los 9.350.
De estos, 271 trabajadores (2,9%) fueron por procedimientos finalizados por causa de fuerza mayor; frente a los 9.070 (97,1%) que lo estaban por procedimientos de regulación por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). En concreto, respecto a los despidos colectivos, 1.800 (52,7%) estaban afectados por causas económicas, mientras que 754 (22,1%) lo fueron por causas de producción, siendo los dos motivos principales de su ejecución.
Un 67% de los despidos colectivos se dieron en empresas de menos de 50 trabajadores
De los datos provisionales del Ministerio de Trabajo también se puede leer que de las 213 empresas afectadas por procedimientos de suspensión de contrato y reducción de jornada, un 76,5% tenía una plantilla de menos de 50 trabajadores. Por su parte, en el caso de los despidos colectivos, de las 103 empresas que lo aplicaron, un 67% contaba también con menos de 50 empleados.
En esta línea, de los 5.947 trabajadores que sufrieron un procedimiento de suspensión de contrato y reducción de jornada, un 41,2% pertenecían a empresas de entre 50 y 249 trabajadores; un 22,6% a empresas de entre 250 y 499 empleados; y un 10,1% a empresas de entre 25 y 49 trabajadores.
Por su parte, de los 3.413 empleados que se vieron afectados por despidos colectivos, un 37,8% pertenecía a empresas de entre 50 y 249 trabajadores; un 21,4% a empresas de entre 250 y 299 empleados; y un 14,8% pertenecían a empresas de entre 10 y 14 trabajadores.
Bajo este contexto, cabe recordar que el partido de Yolanda Díaz, Sumar, presentó en mayo una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para impedir que las empresas que deslocalizan su producción fuera de la Unión Europea (UE) puedan aplicar despidos colectivos y objetivos. Con esta medida quieren evitar que estas compañías aprovechen las condiciones laborales de determinados países, donde el salario es bastante inferior que en España, para deslocalizar su producción y abaratar costes.
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