Las donaciones en vida son una práctica habitual para adelantar herencias y en algunos casos con la intención de pagar menos impuestos, pero pueden tener consecuencias inesperadas. Es lo que le ha ocurrido un jubilado de 68 años que decidió ceder su vivienda a sus hijos y que ahora se enfrenta a una situación delicada, y es que cuando fallezca, su esposa no tendrá derecho a seguir viviendo en la casa. “Nunca debí haberles dado mi casa a mis hijos”, lamenta.
Hace seis años, este padre divorciado optó por donar a sus dos hijos una segunda residencia reservándose el usufructo, es decir, el derecho a usarla durante su vida. La decisión respondía a una planificación habitual, segun informan desde Figaro Inmobiler, asegurar la herencia y reducir la carga fiscal futura. Sin embargo, lo que en su momento parecía una buena decisión, con el tiempo ha cambiado de perspectiva.
Tras rehacer su vida, el jubilado se trasladó a vivir a esa misma casa con su nueva esposa, de 66 años. Fue entonces cuando, al formalizar su situación matrimonial bajo el régimen de separación de bienes, descubrieron una realidad que no habían previsto, que la mujer no tendría ningún derecho sobre la vivienda tras el fallecimiento de su marido.
Una donación definitiva que deja sin protección a la nueva esposa
El problema radica en la naturaleza de la donación. Aunque el padre conserva el usufructo mientras viva, la propiedad ya pertenece a sus hijos. Esto implica que, cuando él fallezca, el usufructo se extinguirá automáticamente y los hijos pasarán a ser propietarios plenos del inmueble.
En ese momento, serán ellos quienes decidan si permiten o no que su madrastra continúe viviendo en la casa. Y, según el caso, no existe ninguna obligación legal de hacerlo. “No están obligados a permitirle quedarse”, advierten los expertos, especialmente si no existe un acuerdo previo.
Además, la situación personal complica aún más el escenario. La relación entre los hijos y la nueva mujer de su padre es distante, lo que reduce las posibilidades de que accedan a cederle el uso de la vivienda.
Los expertos explican en el medio que en la normativa francesa existen alternativas legales para proteger al cónyuge, como otorgarle un derecho de uso y habitación, pero requieren el consentimiento de los hijos, algo que no siempre es fácil de conseguir. Ante esta incertidumbre, la pareja ha optado por preparar un plan alternativo, ahorrando dinero para que ella pueda encontrar otra vivienda en el futuro.