El precio del alquiler en las principales ciudades españolas atraviesa un nuevo máximo histórico. Desde la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, destinada a proteger a los inquilinos y frenar la escalada de precios, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos sociales, especialmente para los más jóvenes.
Por ello, el debate sobre la eficacia de las medidas y sus posibles efectos secundarios se ha reabierto en el plató de ‘La Sexta Xplica’, donde Edgar Sánchez, agente inmobiliario, ha explicado que el incremento de precios ha sido especialmente acusado tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda.
El alquiler en Madrid, en máximos históricos
“Desde hace un año y medio, con el cambio de ley, han subido una barbaridad los alquileres”, ha asegurado, ejemplificando esta tendencia con un caso reciente en Madrid. “Hace poco alquilamos un semisótano en Delicias por 1.300 euros con una ventana a pie de calle. Ha pasado de estar en torno a 1.000 a 1.300 en cuestión de un año o dos”, ha apuntado el agente inmobiliario.
Además, ha detallado que inmuebles que hace dos años se alquilaban por 650 o 700 euros se sitúan ya en torno a los 900 euros. Según su experiencia, cuando un inquilino deja un piso, el propietario suele aprovechar para subir la renta en el nuevo contrato, “lo alquila por más porque lo puede hacer”.
Dificultades para acceder a una vivienda de alquiler
Así, mientras algunos barrios de las grandes ciudades siguen tensionados por la caída de la oferta en el mercado y el repunte de los precios en los nuevos contratos, miles de jóvenes y familias con rentas medias o bajas, reconocen las dificultades que enfrentan para acceder a una vivienda de alquiler.
La situación, según advierten distintos profesionales del sector, está generando un clima de incertidumbre tanto entre inquilinos como entre propietarios. Los arrendadores, por su parte, argumentan que las restricciones introducidas por la nueva ley han motivado una mayor prudencia a la hora de poner viviendas en el mercado, lo que ha reducido la oferta disponible. A ello, se suma el temor a la morosidad y la percepción de una menor seguridad jurídica, factores que han llevado a algunos propietarios a optar por otras fórmulas, como el alquiler de temporada o el alquiler turístico, con precios aún más elevados.