El sistema público de pensiones de España se ha enfrentado (y de hecho todavía sigue) a grandes reformas como la Ley 27/2011, la Ley 21/2021 o el Real Decreto 2/2023 con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema. Pero mientras España continúa fiando la sostenibilidad de su sistema a sucesivas reformas paramétricas (aumento de cotizaciones y edad de jubilación) para mantener el modelo de reparto, Países Bajos ha decidido cambiar las reglas del juego por completo. Desde el 1 de enero de 2026, el sistema neerlandés, considerado el mayor fondo de pensiones ocupacionales de la Unión Europea, ha comenzado a operar bajo una nueva premisa que supone una lección de realismo financiero para sus socios comunitarios. El país ha dicho adiós a la "prestación definida" (la promesa de una cantidad fija garantizada) para abrazar un esquema donde la jubilación dependerá de lo aportado y de la rentabilidad de los mercados.
La reforma de Países Bajos, se encuentra regulada en la Ley del Futuro de las Pensiones aprobada en 2023, donde la cual responde a una realidad demográfica y económica que también asfixia a España, pero ante la cual La Haya ha optado por una solución estructural en lugar de parches temporales.
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Según explica el banco central neerlandés (De Nederlandsche Bank), el antiguo modelo se había vuelto insostenible en un entorno de tipos de interés bajos, envejecimiento acelerado de la población y un mercado laboral cada vez más fragmentado. La rigidez del sistema anterior, similar a la que caracteriza al modelo español, generaba tensiones intergeneracionales que este nuevo mecanismo busca desactivar mediante la transparencia y la capitalización individual.
Cada trabajador de paga su pensión
En este nuevo escenario, los fondos de pensiones neerlandeses ya no se comprometen a abonar una cifra exacta en el momento del retiro. En su lugar, cada trabajador acumula derechos en una cuenta personal (un esquema de contribución definida) cuyo saldo final dependerá del rendimiento de lo aportado. Para mitigar esa incertidumbre (la pregunta de, qué pasará con mi pensión), la ley introduce un mecanismo de ciclo de vida inteligente que reduce la exposición al riesgo a medida que el trabajador se acerca a la edad de jubilación. De este modo, los más jóvenes podrán asumir inversiones más volátiles y rentables, mientras que los mayores se refugiarán en carteras conservadoras. Es decir, el objetivo es que sus cotizaciones garanticen siempre la mejor pensión.
Este cambio de paradigma en Ámsterdam no es solo una cuestión de política social doméstica, sino un movimiento tectónico para las finanzas europeas. El sistema neerlandés gestiona un patrimonio estimado en cerca de dos billones de euros (una cifra que duplica el PIB de ese país y supera ampliamente el de España). El abandono de las promesas de pago fijo a muy largo plazo implica que estos fondos gigantescos reducirán drásticamente su necesidad de comprar bonos soberanos a largo plazo y derivados de cobertura, activos que hasta ahora utilizaban para asegurar esas garantías futuras.
Un análisis de la entidad ING advierte de que solo en 2026 podrían reajustarse activos por valor de más de 550.000 millones de euros. Este movimiento tiene una lectura directa para los tesoros públicos de la zona euro, incluido el español. En un momento en el que los Estados afrontan necesidades crecientes de financiación por el aumento del gasto público y el déficit, la transición neerlandesa elimina a uno de los compradores más estables y voraces de deuda soberana a largo plazo. Esto podría obligar a los gobiernos europeos a replantear sus estrategias de emisión ante la retirada de este actor institucional clave.
Un modelo que no gusta a España
La transición neerlandesa deberá completarse antes de 2028 mediante un proceso de conversión de derechos adquiridos, un proceso que no gusta a España. Es decir, mientras en España sigue centrado en cómo mantener el poder adquisitivo de las pensiones vinculándolas al IPC y financiándolas mediante mayores cotizaciones, Países Bajos ha optado por una reforma en la que, la gran diferencia esta en un cambio de mentalidad, pues el sistema holandés dejará de prometer una cantidad fija de dinero para el futuro, una garantía que consideran arriesgada porque no siempre se puede asegurar que habrá fondos suficientes para pagarla cuando llegue el momento.
El nuevo modelo será mucho más flexible y pegada a la realidad económica. En lugar de un sistema rígido, la pensión final dependerá directamente de cómo se comporte la economía real. Cada trabajador tendrá su propio ahorro individual invertido en el mercado, lo que hará que las prestaciones no serán fijas y, si la economía va bien, las pensiones subirán, permitiendo a los jubilados beneficiarse del crecimiento; por el contrario, si la economía va mal, el sistema cuenta con reglas para ajustarse automáticamente.
Este mecanismo de ajuste automático es la clave para la sostenibilidad del modelo neerlandés. Su objetivo principal es evitar que se genere una deuda gigante que acabe hipotecando a las generaciones más jóvenes. Aunque vincular los ahorros al mercado conlleva variaciones, el sistema incorpora mecanismos de seguridad diseñados para amortiguar los golpes y evitar cambios bruscos, protegiendo así el patrimonio de los futuros pensionistas.
En definitiva, la lección que Países Bajos ofrece a Europa es de pragmatismo frente al envejecimiento de la población. Este esquema se adapta a la demografía y a los ciclos económicos de una forma que el actual sistema español de reparto, más rígido y dependiente del déficit, tiene muchas dificultades para lograr.