En España, nuestro sistema público de pensiones se ha enfrentado a lo largo de los últimos 15 años a grandes reformas, con el objetivo de hacer un sistema sostenible, sin perder poder adquisitivo y bajo un modelo de reparto. Entre estas reformas nos encontramos Ley 27/2011, la Ley 21/2021 o el Real Decreto-ley 2/2023. Ahora bien, la realidad es que vivimos en un sistema muy tensionado, pues se lleva el 12% del PIB y podría llegar al 18% para 2050 según algunos expertos economistas. Es por eso, que si miramos a la sostenibilidad de las pensiones en Europa no podemos dejar pasar Noruega.
En este sentido, mientras España fía la solvencia de su Seguridad Social casi exclusivamente a las cotizaciones de los trabajadores activos (un sistema de reparto puro sometido a la tensión del envejecimiento), Noruega (con una puntuación de 76.0 en el índice global de Mercer) se posiciona como un modelo en el que debemos de aprende que el pilar público es necesario, pero ya no es suficiente.
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Un análisis comparado de los datos de la Administración Noruega de Trabajo y Bienestar (NAV) y la estructura del Fondo de Pensiones del Gobierno Global (GPFG) revela que el éxito de Oslo demuestra no se debe solo a sus recursos naturales, sino a una arquitectura diseñada para complementar la acción del Estado. La premisa es que la tasa de sustitución (el porcentaje del último salario que se cobra como jubilado) solo puede mantenerse en niveles altos si se activan mecanismos de capitalización y se fomenta la actividad laboral más allá de los 67 años (recordemos que en España está fijado ahora mismo en los 66 años y 10 meses o 65 si se tiene 38 años y tres meses cotizados).
El fin del “monocultivo” del reparto
En España, el debate siempre ha estado en revalorizar las pensiones con el IPC (así lo marca el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social) o aumentar los ingresos por cotizaciones, como ocurre con el reciente Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que introdujo el Real Decreto 2/2023. Ahora bien, la experiencia noruega sugiere que estas medidas tienen un recorrido limitado en un sistema de reparto único.
El modelo nórdico asume explícitamente que la pensión pública (folketrygden) actúa como un suelo de seguridad, financiada con una cotización del 18,1% de los salarios, pero no pretende cubrir por sí sola las expectativas de ingresos de la clase media. Para evitar la caída del nivel de vida tras el retiro, Noruega impuso la obligatoriedad de los planes de pensiones ocupacionales (AFP).
A diferencia de España, donde los planes de empresa son voluntarios y tienen una penetración desigual, en Noruega todo asalariado acumula un ahorro privado gestionado profesionalmente que complementa la nómina estatal. Este esquema mixto permite que la pensión media final ronde el 66% del salario previo, una cifra sostenible porque no recae íntegramente sobre los presupuestos generales del Estado.
El “des-retiro” como necesidad económica
La segunda gran divergencia es la gestión del ahorro colectivo. Si bien el Fondo de Pensiones del Gobierno Globalnoruego es el instrumento financiero más potente del mundo, con activos superiores a los 1,5 billones de dólares (unos 250.000 euros por ciudadano) y el control del 1,5% de todas las acciones cotizadas del planeta, la lección para España no reside en el volumen del capital, sino en su gestión.
Oslo aplica una férrea “Regla Fiscal”, en la que el Gobierno tiene prohibido tocar el principal del fondo; solo puede utilizar el rendimiento real esperado (cifrado en torno al 3%) para cuadrar los presupuestos anuales. Esta disciplina va en consonancia con la historia reciente del Fondo de Reserva de la Seguridad Social española, que se vació casi en su totalidad durante la crisis financiera para pagar nóminas corrientes. Mientras España consumía sus ahorros para cubrir déficits coyunturales, Noruega invertía sus excedentes fuera del país para evitar el sobrecalentamiento de su economía y garantizar el bienestar de las generaciones futuras.
Finalmente, el modelo noruego ha derribado la barrera administrativa y cultural entre el empleo y la jubilación. La reforma de 2011 introdujo el concepto de flexibilidad total o unretirement. El sistema permite cobrar el 100% de la pensión pública y trabajar simultáneamente sin penalización alguna, bajo la premisa normativa de que “la pensión deja de depender de los demás ingresos”.
Los datos son elocuentes y dejan en evidencia la rigidez del mercado laboral español. Según recoge el informe de Actualidad Internacional Sociolaboral, la tasa de ocupación de los noruegos entre 55 y 64 años alcanza el 72,2%, una de las más altas de Europa, frente al 46,9% de España. Al eliminar los desincentivos fiscales y las trabas burocráticas que en España dificultan la jubilación activa, Noruega ha logrado que sus mayores sigan contribuyendo al sistema y al PIB, convirtiendo el envejecimiento en un activo económico en lugar de un mero coste pasivo.