La conocida como la segunda reforma de las pensiones o “reforma de Escrivá”, bajo el Real Decreto 2/2023 lleva ya dos años con nosotros, una reforma que afectaba a pensionistas y trabajadores y con el objetivo de hacer sostenible el actual sistema público de pensiones. Entre las medidas, desincentivas las jubilaciones anticipadas o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Ahora, a pesar de esta última reforma para extender los planes de empleo, sigue sin actividad efectiva dos años después de su puesta en marcha legal. El instrumento, diseñado como la gran palanca para generalizar el ahorro complementario en España, no ha llegado a captar patrimonio y ni siquiera ha consolidado su arquitectura de decisión.
Según explica un artículo publicado por El Mundo, la iniciativa nació con la pretensión de construir un “segundo pilar” de jubilación más amplio (planes ligados al empleo) que descargara parte de la presión futura sobre la pensión pública en un país con envejecimiento acelerado. El marco normativo creó una Comisión Promotora y de Seguimiento para instar la constitución de estos fondos y una Comisión de Control Especial única para supervisar el conjunto del sistema.
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El problema es que el diseño institucional, pensado para aportar profesionalización y control, también ha generado un cuello de botella cuando no hay dotación ni patrimonio que administrar. La remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial, por ejemplo, está regulada y vinculada a la asistencia a reuniones, pero su abono no comienza hasta que el patrimonio conjunto alcance al menos 1.000 millones de euros. Dicho de otro modo, sin fondos en marcha no hay ingresos por gestión, y sin ingresos por gestión es difícil consolidar una gobernanza estable y operativa.
A esta fragilidad de arranque se suma la ausencia de impulso presupuestario. Sin nuevos Presupuestos Generales del Estado, el proyecto carece de palancas para despegar y queda a merced de decisiones administrativas que, en la práctica, no han culminado en comercialización masiva ni en adhesión de convenios sectoriales. En el mercado, además, el desarrollo de planes de empleo exige acuerdos de negociación colectiva y capacidades de gestión que no abundan en un tejido empresarial dominado por pymes.
El estancamiento contrasta con el diagnóstico que comparten organismos internacionales. La Comisión Europea presentó el 20 de noviembre de 2025 un paquete para impulsar las pensiones complementarias, con una recomendación explícita de avanzar hacia sistemas de afiliación automática (auto enrolment) con posibilidad de renuncia, además de herramientas para que el ciudadano conozca mejor su pensión futura mediante sistemas de seguimiento y paneles nacionales. En paralelo, la OCDE ha vuelto a situar el debate de la sostenibilidad y el ajuste del sistema en el centro de sus recomendaciones para España.
El atasco del fondo público llega, además, en un contexto de baja cobertura de los planes de empleo. Diversos análisis difundidos en 2025 sitúan en torno a una décima parte la proporción de ocupados con un plan de pensiones de empleo, un porcentaje que apenas se ha movido en años y que refleja una debilidad estructural del ahorro colectivo ligado a la empresa.
Para el trabajador medio, la lectura es sencilla, si el pilar complementario no crece, la jubilación seguirá dependiendo casi por completo del sistema público, justo cuando la presión demográfica aumenta y las cuentas públicas cargan con un gasto más elevado. En España, ese esfuerzo ya se deja ver en el recurso recurrente a financiación estatal para sostener el equilibrio de la Seguridad Social, un fenómeno que también se refleja en el aumento de su endeudamiento dentro del conjunto de las administraciones públicas.
Queda por ver si 2026 abre una ventana de desbloqueo. La clave no es solo normativa, sino operativa (constitución efectiva de órganos, política de inversión, incentivos y comercialización real) y política (capacidad de dotación y de priorización en un escenario presupuestario incierto). Si el fondo público no pasa de la arquitectura al uso cotidiano, la reforma habrá dejado en pie su parte más visible, la de ingresos y parámetros del sistema, pero habrá renunciado a la pieza que debía ayudar a diversificar la jubilación de las próximas generaciones.